(InfoCatólica) Por su interés, reproducimos la respuesta que ha recibido una ciudadana de Castilla y León por parte de la Consejería de Salud del gobierno autónomo de dicha región:
Estimada Sra:
En respuesta a su correo electrónico de fecha 21 de febrero, en el que pone de manifiesto su rechazo con el acuerdo para la prestación de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que la Junta de Castilla y León ha firmado con la Clínica Ginemédica, queremos trasmitir que:
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, así como que ésta decisión sea respetada.
La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad, por ello desde la Consejería de Sanidad se vienen desarrollando una serie de medidas propuestas para garantizar que la mujer adopte su decisión, tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, pretendiendo que el bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articule a través de la voluntad de la mujer y no contra ella.
Por todo ello esta institución tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos de la Comunidad los derechos reconocidos según la normativa, así como guardar y hacer cumplir los requerimientos que están recogidos en la legislación vigente. Asimismo, el servicio público de salud deberá asumir esta prestación, cuando no se proporcione en los Centros asistenciales del ámbito de SACYL, en un centro acreditado en el que se cumplan las condiciones requeridas por la Ley.
Atentamente
