(CNA/InfoCatólica) El cardenal Pietro Parolin asegura que se siente «obligado» a abordar el asunto «para poner fin a una controversia que nos quita tiempo y recursos de nuestro servicio al Señor, a la Iglesia y al Papa, y perturba la conciencia de muchos católicos».
«Las operaciones que involucran al IDI ... son atribuibles a mí mismo», dijo Parolin a CNA.
Las autoridades financieras del IOR (conocido como el Banco Vaticano) y el cardenal Pell, nombrado por el Papa como responsable de las finanzas vaticanas, se opusieron a conceder un préstamo de 50 millones para la adquisición de dicho hospital, que finalmente fue concedido por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).
El IDI, que antes de su adquisición por el Vaticano ya tenía una situación económica catastrófica, acabó colapsando, y las autoridades detectaron sustracción de fondos y blanqueo de dinero a gran escala, lo que condujo al encarcelamiento de su presidente.
Ahora es el propio Cardenal Secretario de Estado quien asume la responsabilidad de la actuación del Vaticano, aunque todas las informaciones previas señalaban a los cardenales Becciu y Versaldi como cerebros de la operación. Becciu era entonces sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, el máximo responsable tras el cardenal Parolin.
Aunque en sus declaraciones a CNA, el cardenal Parolin asegura que su actuación ha sido siempre legal y transparente, lo cierto es que el préstamo violaba unos acuerdos regulatorios europeos del año 2012. Esos acuerdos fueron el resultado de una inspección realizada por Moneyval, el Comité del Consejo de Europa para combatir el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, y prohíben legalmente que APSA brinde servicios a personas o participe en transacciones comerciales.
Dinero de EE.UU para cubrir las pérdidas
El impago del préstamo provocó un agujero financiero que se pretendió que fuera cubierto, al menos parcialmente, a través de una donación de 25 millones de dólares por parte de la Fundación Papal con sede en EE.UU.
Preguntado por CNA si también era responsable de solicitar esa donación, el cardenal Parolin ha respondido afirmativamente.
En realidad, fue el cardenal Wuerl, por entonces arzobispo de Washington, el encargado directo de solicitar a la Fundación Papal esa donación millonaria. Los fideicomisarios y los donantes expresaron sus dudas sobre la cantidad, que era mucho mayor que sus donaciones habituales. Aunque Wuerl aseguró a la junta de la Fundación que los fondos estaban destinados a salvar a la IDI del cierre, los miembros laicos de la junta plantearon preguntas sobre si el efectivo realmente estaba destinado a cubrir un déficit operativo en el hospital o para cubrir la deuda incobrable para el APSA.
A pesar de esas objeciones, el donativo fue aprobado en última instancia por la junta de la Fundación en una votación secreta.
El desembolso del dinero se paralizó después de que la junta continuara haciendo preguntas sobre el destino final de los fondos.
Los pobres terminarán pagando la deuda
Se enviaron dos cuotas iniciales a Roma a fines de 2017 y principios de 2018, por un total de 13 millones de dólares. Después de que los desacuerdos internos sobre la donación se hicieron públicos, el cardenal Wuerl dijo que pediría al Vaticano que cancelara la solicitud y devolviera los fondos. A principios de 2019, el cardenal Parolin escribió a la junta diciendo que los 13 millones de dólares se reclasificarían como un préstamo, en lugar de un donativo, y se devolverían.
Dos fuentes de la Fundación Papal dijeron a la CNA que el Vaticano propuso que el préstamo se reembolsara mediante «descuentos» aplicados cada año a la lista de donativos solicitados a la Fundación Papal por las oficinas del Vaticano y los apostolados católicos. Es decir, como indicó a CNA una fuente cercana a la Fundación Papal «los pobres terminarán pagando la deuda».
