(ACI/InfoCatólica) El Cardenal Norberto Rivera ha demostrado ante el Ministerio Público que las acusaciones de los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba sobre supuestos encubrimientos a curas pederastas fueron una «farsa orquestada», afirmó la Arquidiócesis de México.
A través del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), se informó que el Purpurado rindió su declaración ante la agente del Ministerio Público el pasado 26 de julio, para responder por la denuncia que el 2 de junio presentaron ambos ex sacerdotes contra la autoridad eclesiástica.
Ese día, Athié y Barba interpusieron su denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) para acusar al Cardenal Rivera de supuesto encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas.
El SIAME indicó que ambos ex curas se basaron en una nota publicada en el diario El Universal el 19 de diciembre de 2016, «en la que se dio cuenta de una reunión que el Cardenal sostuvo con periodistas, donde el Arzobispo mencionó que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis Primada de México había sancionado a 15 sacerdotes –no todos por el delito de pederastia, sino con otros actos ilícitos tipificados en el Derecho Canónico–».
«La denuncia contra el Arzobispo de México fue en el sentido de que no dio aviso puntual de estos casos ante la autoridad ministerial, por lo cual lo acusaron, con toda ligereza, de encubrimiento de abusadores sexuales», criticó la Arquidiócesis.
En ese sentido, indicó, durante su encuentro con la agente del Ministerio Público «el Cardenal mostró copias de las denuncias presentadas por la Arquidiócesis de México desde 2010, como lo marca la ley, contra presuntos actos delictivos al interior de la Iglesia».
«El Cardenal Norberto Rivera dejó en claro que, a partir de la entrada en vigor del artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el 19 de agosto del 2010, –que obliga a los ministros de culto y a sus representantes a informar a la autoridad correspondiente sobre la probable comisión de delitos–, tuvo conocimiento de la probable comisión de seis hechos presuntamente delictuosos, por voz de algunos de sus Vicarios Episcopales», señaló.
A estos vicarios, informó el SIAME, el Cardenal «instruyó dar parte ante las autoridades correspondientes de manera inmediata, lo cual se llevó a cabo, como consta en las copias que exhibió, y con lo cual quedó demostrado que no incurrió en el delito de encubrimiento».
La Arquidiócesis indicó que «la primera denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por Mons. Jorge Estrada Solórzano, Obispo Auxiliar de la V Vicaría Episcopal, el 12 de abril de 2014; la segunda, por Mons. Adolfo Miguel Castaño Fonseca, Obispo Auxiliar de la III Vicaría, el 14 de noviembre de 2016».
«La tercera (denuncia) fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por Diana Alejandra Pérez Rodríguez, en su calidad de Apoderada Legal de la Arquidiócesis, el 15 de febrero de 20017; la cuarta ante la PGJDF por Alberto Antonio Zapata Verástegui, en su calidad de Apoderado Legal de la Arquidiócesis, el 27 de febrero de 2017; y la quinta y la sexta también ante la PGJDF, por Mons. Crispín Ojeda, Obispo Auxiliar de la VI Vicaría, el 25 de mayo y el 16 de junio de 2017, respectivamente».
El SIAME señaló que el Cardenal Rivera «explicó que los otros nueve casos fueron anteriores a la vigencia de la citada ley, y sólo uno tuvo que ver con el delito de pederastia, y el acusado está siendo enjuiciado penalmente por la información que la Arquidiócesis proporcionó a la autoridad ministerial».
«Los otros ocho casos fueron por conductas sancionadas por la Ley Canónica, como defraudación financiera, maltrato a un adulto, revelación del secreto de confesión y otros que fueron hechos del conocimiento de las autoridades eclesiásticas», indicó.
Asimismo, dijo que ante la «pregunta expresa de la agente del Ministerio Público, el Arzobispo de México reconoció suya la declaración referida en la nota publicada por El Universal el 19 de diciembre de 2016; aclarando, sin embargo, que al tratarse de una entrevista improvisada, le faltó precisar que no todos los casos mencionados tenían que ver con el delito de pederastia –como malintencionadamente señalaron los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba–».
Además «dijo que respecto a los casos que se hicieron del conocimiento de las autoridades civiles, corresponde solo a éstas darles seguimiento, y de los que las autoridades eclesiásticas conocieron, se concluyeron con la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal, ya que en estos casos la sentencia eclesiástica la da el Papa, y se da a conocer a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe».
