(HO/InfoCatólica) La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha explicado en rueda de prensa que la «IV Marcha por la Vida», que se celebrará el domingo en Madrid a partir de las 12h., terminará cerca del Congreso de los Diputados para que el Gobierno cumpla su promesa de legislar a favor del derecho a la Vida.
Cada día mueren en España, por aborto, más de 300 niños antes de nacer. Por ello, «urge la necesidad de salir a la calle y manifestar públicamente nuestro deseo de terminar con esta masacre», asegura Gádor Joya. La portavoz de Derecho a Vivir considera que «estamos ante una oportunidad histórica de avanzar en la defensa del derecho a la vida de los no nacidos. Queremos cambiar aborto por esperanza para más de 120.000 niños cada año».
Junto con el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y Luis Alfonso Muñoz, la doctora ha instado al Gobierno «a darse prisa» porque «esos niños que mueren a manos de los negociantes del aborto no pueden esperar». La marcha, que se celebrará el 17 de noviembre bajo el lema «España, por el aborto cero. Por una vida sin recortes», se llevará a cabo en, al menos, 46 ciudades españolas y contará con la participación de más de trescientas organizaciones sociales.
Según ha informado Arsuaga, esperan la asistencia de «cientos de miles de ciudadanos» para tener una «voz potente» que el Ejecutivo «no pueda ignorar» y ha animado a la gente a «salir a la calle» para que el Ejecutivo «no escuche las presiones de la izquierda y de los colectivos feministas».
En la presentación, Muñoz ha explicado que se ha implicado en esta iniciativa para animar a que la gente joven «dé la cara» y los jóvenes estén implicados en la defensa del derecho a la vida y «no sólo en celebrar el Mundial». Joya ha dicho que es «difícil» comprender que a mitad de la legislatura, y con mayoría absoluta, «el Gobierno no haya derogado la ley del aborto».
Un plan de ayuda a la maternidad y reforma de la adopción nacional
«Si la gente sale a la calle el domingo, el Gobierno derogará la ley del aborto, antes y mejor», ha afirmado la portavoz. Ha criticado la actual normativa porque «trescientos niños se abortan diariamente» pero también porque permite interrumpir el embarazo «cuando una mujer quiere un niño y espera una niña», según ha dicho, y porque supone entre cincuenta y sesenta millones de euros a los españoles.
Además, ha reclamado que el aborto «no se puede concebir como una prestación sanitaria más» y ha pedido que el supuesto de abortar por riesgo psicológico de la mujer se derogue porque, si el Gobierno no se toma en serio acabar con esta posibilidad, «la salud psicológica de la mujer se equipara con la vida del bebé». En su lugar, ha propuesto que se «ayude» a la mujer embarazada, que se le facilite una información «completa, veraz y comprensible» y que se reforme la legislación sobre adopción.
Arsuaga ha afirmado que el ejemplo de la población española, «que es mayoritariamente provida», servirá para estimular el derecho a la vida en este país y «a nivel mundial».
Retrasos en la reforma de la legislación abortista
La plataforma provida recuerda que desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, después de prometer en su programa electoral (noviembre 2011) una nueva ley que avance en la protección de la vida humana desde su concepción, el ministro de Justicia señaló en el Congreso de los Diputados que «se trata de la reforma legislativa parcial más importante» (enero 2012) y avanzó que se presentaría antes de que finalizara el año pasado en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado en marzo de 2012. Ese año terminó sin que el Partido Popular cumpliera lo prometido.
En abril de 2013, el ministro Ruiz Gallardón señaló que la tutela judicial efectiva para el nasciturus estaría lista «para muy pronto» para reiterar el pasado 21 de julio que, al fin, cumplirían su palabra «dentro de tres meses», es decir, antes del 21 de octubre aunque, apostillaba, «en último término será el Consejo de Ministros el que decidirá».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes 11 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reinterpretó de nuevo los plazos anunciados por el titular de Justicia, para asegurar que «mantenemos el calendario que en su día informamos, les dijimos que en el último trimestre de 2013 se aprobaría el anteproyecto de ley, probablemente, en las próximas semanas».
Esto supone que el Gobierno debería aprobar el anteproyecto de la reforma antes del fin de año «si es que a estas alturas la palabra del Gobierno en esta materia tiene alguna consistencia», señala Gádor Joya.
