(Efe/InfoCatólica) Fuentes del Obispado han precisado que se trata de un respaldo que el prelado hace «a título personal», después de una reunión que tuvo hace unas semanas con portavoces de la plataforma. En ese encuentro, según señala el Obispado, «Ciudadanía contra la exclusión sanitaria» pidió a Mons. Jiménez Zamora su apoyo a las medidas para tratar de devolver la atención sanitaria pública a los inmigrantes irregulares, a quienes se retiró la tarjeta sanitaria en septiembre del pasado año, en virtud de un Real Decreto (el 16/2012).
En el escrito que el obispo ha enviado a la plataforma (y que este colectivo adjunta en un correo electrónico), Jiménez Zamora recuerda que ese Real Decreto del Gobierno de la nación excluye del derecho a la asistencia a las personas extranjeras sin autorización de residencia en España, «un derecho que estaba reconocido hasta ahora por la Ley de Extranjería».
Y apunta que, desde la entrada en vigor de esa normativa, la asistencia sanitaria se mantiene «solamente» para los casos de urgencia por accidente o enfermedad grave hasta el alta médica, mujeres embarazadas y menores de 18 años.
Mons. Jiménez Zamora subraya que «a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, hay que proclamar que todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables». Y, citando a la Encíclica de Benedicto XVI «Caritas in veritate», agrega que esos derechos «han de ser respetados por todos y en cualquier situación».
Para el obispo de Santander, la exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes irregulares «es una medida injustificada», que pone a estas personas «en una situación de mayor vulnerabilidad». «Por ello, apoyo los planteamientos y las iniciativas encaminadas para que se apliquen medidas que devuelvan la atención sanitaria pública y universal a las personas inmigrantes excluidas de la misma por el Real Decreto 16/2012», apostilla el obispo.
La plataforma «Ciudadanía contra la exclusión sanitaria» destaca que estas palabras del obispo suponen «un antes y un después» y «un punto de inflexión en la lucha» de esta organización «por restablecer la atención sanitaria y los medicamentos para toda la población de Cantabria».
