(Diario de Navarra/EP) Con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y los parlamentarios no adscritos ha quedado derogado un artículo de la anterior norma que, a juicio de I-E, suponía un «privilegio no justificado a favor las confesiones religiosas».
Mons. Pérez recuerda que la Iglesia ya paga
Mons. Francisco Pérez aseguró ayer que«a veces no hay suficientes datos y entonces hay que clarificar» y ha destacado que «por ejemplo» el Arzobispado «paga la contribución, sí se paga». «El Seminario de Pamplona paga 20.000 euros al año por contribución al Ayuntamiento y también las parroquias, eso es lo que queremos clarificar y matizar», aseguró.
Además, el arzobispo de Pamplona valoró «la cantidad de dinero que da la iglesia en beneficio de los pobres, porque Cáritas es la Iglesia, y todo lo que colaboramos». Según dijo, la Iglesia católica «ahorra al Estado más de 35.000 millones de euros» y defendió que la institución es «solidaria, apoya y ayuda a los pobres». «Si luego igual tenemos que hacer más, pues todos podemos hacer más, pero la Iglesia es solidaria», zanjó.
Reacciones de los grupos parlamentarios navarros
El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, quien ha apuntado que la aplicación de algunas enmiendas aprobadas pueden conllevar «problemas de ejecución», ha rechazado la propuesta que plantea el pago del Impuesto sobre Bienes Inmueble por la iglesia católica, una propuesta en la que ve un «claro interés ideológico».
Tras señalar que existe un tratado entre el Gobierno de España y la Santa Sede de «obligado cumplimiento en Navarra» y apuntar que «no todos los bienes de la iglesia católica están exentos de IBI», ha sostenido que no es de recibo que el Parlamento «quiera apretar las tuercas a alguien que hace una labor imprescindible en el momento actual», en alusión al trabajo que realiza Cáritas.
Por el PSN Maite Esporrín, ha sostenido que en este caso «no se trata de apretar tuercas sino de aplicar la legalidad para todos», y después de señalar que los lugares destinados al culto permanecen exentos del pago, ha apuntado que pueden estudiarse excepciones como en el caso de Cáritas, cuya labor ha valorado.
En general se ha mostrado de acuerdo con la actualización de la ley, por la agilidad que representa en los trámites para los emprendedores y nuevos empresarios y porque, entre otras cuestiones, recoge que «las empresas que se benefician del peaje en la sombra tienen que pagar los impuestos».
El portavoz de Bildu, Víctor Rubio, en respuesta a UPN ha reconocido que sí hay cuestiones ideológicas, ya que «ideológico es que todos pagamos lo mismo».
Rubio se ha centrado una enmienda presentada por su grupo y que ha sido rechazada, relacionada con el «impuesto sobre viviendas desocupadas», cuyo objetivo es que «no haya viviendas vacías mientras haya familias que no tengan donde vivir, que esas viviendas sean destinadas a vivienda social».
El portavoz de Aralar-NaBai, Xabi Lasa, quien ha subrayado la importancia de esta norma porque está en juego la financiación de los ayuntamientos, ha dicho no entender «la exención de las empresas concesionarias de la autovía para no pagar determinados impuestos».
Lasa ha reprochado a UPN que haga «populismo barato» al mezclar la labor de Cáritas con el hecho de que la iglesia pague «como cualquier mortal» por sus bienes que no están destinados al culto. Ha expresado su apoyo a la ley con las modificaciones introducidas porque considera que en el proceso de tramitación ha mejorado.
Eloy Villanueva (PPN) se ha mostrado de acuerdo con adaptar la ley a la legalidad vigente, pero ha augurado «dificultades serias» en la aplicación en el caso concreto de las empresas concesionarias de las autovías, al tiempo que ha considerado un «error» no aprobar una enmienda de I-E que se refería a quien paga la plusvalía en el caso de una venta entre particulares.
Ha considerado «inapropiado e improcedente» que se plantee una cuestión religiosa cuando se está ante «una ley eminentemente técnica» y ha precisado que no lo acordado no será de aplicación porque existe una norma superior, los acuerdos con la Santa Sede.
«No planteamos una cuestión religiosa, sino impositiva», le ha respondido el portavoz de I-E, Txema Mauleón, quien ha dicho que la iglesia recibió 5.700 millones en 2012, de los que 91 fueron a parar a Cáritas y Manos Unidas, por lo que ha negado que con esta medida se vayan a retraer fondos a la labor social de la iglesia.
Mauleón, quien ha apuntado que con esta propuesta se podrían recaudar en torno a 650 y 700 millones de euros, se ha mostrado de acuerdo con las iniciativas planteada en torno a viviendas vacías y el «peaje en la sombra».
