(El País.com.uy) «La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en la gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia», explicó el ex-presidente en su nota al MSP, entonces a cargo de la ministra María Julia Muñoz.
Estos mismos argumentos de 2008 le sirven cuatro años después para no brindar su parecer a una comisión legislativa sobre el nuevo proyecto de ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras doce semanas de gestación.
Vázquez había sido invitado por diputados de la oposición a dar su parecer acerca de la iniciativa, que tiene el respaldo de 49 de los 50 diputados del Frente Amplio y de uno del Partido Independiente, con lo cual es un hecho que será sancionada en la sesión del próximo 10 de septiembre en la Cámara Baja.
A Vázquez se le envió el material a estudio de la comisión. Agradeció en una nota la invitación y explicó que sigue pensando lo mismo que entonces, por lo cual sostuvo que es irrelevante su comparecencia.
«Más allá del contenido de los proyectos y del articulado sustitutivo incluido en el material enviado, la cuestión a estudio refiere a una única temática, cuya opinión personal requerida es conocida en toda su extensión, tanto a nivel nacional como internacional», relató el expresidente en su nota, a la que accedió El País.
Su posición, agregó, está «consagrada e integrada al veto interpuesto por el Poder Ejecutivo el 14 de noviembre de 2008, observando los artículos 7 a 20 del proyecto de ley relacionado con la salud sexual y reproductiva sancionado por el Poder Legislativo».
«Manteniendo incambiada mi posición al respecto, estimo innecesaria mi presencia» en la reunión de la comisión especial que analiza el tema, remató.
Referéndum
Dado que la sanción de la ley se descuenta en los ámbitos políticos, el Partido Nacional ha resuelto tomar medidas. Ayer, el diputado Pablo Abdala planteó en el Directorio partidario convocar a una consulta popular sobre el tema, iniciativa que es apoyada por otros diputados.
El presidente del Directorio, senador Luis Alberto Heber, anunció su compromiso personal con la causa planteada por sus compañeros de partido.
Abdala indicó que «una mayoría ajustada aprobaría la ley», dado que los votos están muy justos. «Esto debería ser resuelto por parte de la ciudadanía porque es un tema que divide por mitades a los uruguayos y corta transversalmente a los partidos. Además, por ser algo tan trascendente, desborda el mandato de los legisladores», sostuvo el diputado.
El mecanismo a utilizar es el previsto por la ley 16.017, de 1989. El sistema se utilizó cuando se convocó a un plebiscito sobre la ley de empresas públicas, en 1992. En la primera convocatoria no se llegó a las adhesiones pero en la segunda sí, y finalmente la ley fue anulada por decisión ciudadana.
Es un mecanismo que se conoce como la «vía rápida». Según la ley, los promotores deben presentar la adhesión escrita del 5 por mil de los habilitados para votar, lo que según el padrón electoral actual daría unas 12.000 o 13.000 firmas.
Verificadas las adhesiones en la Corte Electoral, en un plazo de entre 60 y 90 días, la Corte deberá hacer una primera convocatoria voluntaria a las urnas para que la ciudadanía manifieste su intención de someter a plebiscito la ley. Deberá reunirse al menos la voluntad del 25% del total de habilitados, es decir aproximadamente unas 500.000 personas. Si no se alcanzaran las firmas habrá una segunda convocatoria con las mismas características.
