FERE, CEE, Gobierno, EpC y otras hierbas
Se nos dice ahora que el gobierno buscó y logró enfrentar a la patronal de la enseñanza religiosa en España (FERE) con los obispos (CEE) a la hora de oponerse a Educación para la Ciudadanía. Parece ser que el éxito de semejante hazaña cabe atribuírselo a un tal Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación cuando se montó el cirio con esa asignatura adoctrinadora. Posiblemente Tiana tuvo un papel destacado, pero de lo que yo me acuerdo es de la famosa carta que la ministra Cabrera mandó a Manuel De Castro en la que le aseguraba que se respetaría el ideario de los centros a la hora de dar la asignatura. Una carta que, obviamente, carecía de cualquier valor jurídico o ejecutivo, ya que no pasaba de ser una declaración de intenciones.
El caso es que mientras que desde Añastro y aledaños salían declaraciones explosivas llamando poco menos que a la rebelión cívica contra la EpC -me acuerdo especialmente de una entrevista de Losantos al cardenal Cañizares y de otra de César Vidal a Martínez Camino-, desde los colegios católicos se decidió mirar a la luna, hablar de pacto y poner mala cara a los padres que osaban objetar. Y una cosa es cierta: a la FERE se le podrá acusar de casi cualquier cosa menos de falta de coherencia. Pero resulta que el mismo cardenal que hacía de Elías contra los Baales de la EpC, luego se comía con patatas la incorporación de la asignatura a sus colegios diocesanos. Y no fue el único. Cuando pregunté a un prelado sobre la cuestión, la respuesta fue: “¿y qué podemos hacer? ¿exponernos a que nos cierren los colegios?". Sin comentarios.
Lo cierto es que tras la tempestad vino la calma y la actitud del episcopado español ante la EpC empezó a parecerse mucho a la de la FERE. Es decir, oposición al fondo pero con disposición a llegar a los acuerdos que fueran menester para al menos salvar la cara de los colegios católicos. Por supuesto, se ha seguido diciendo que la asignatura es adoctrinadora, que atenta contra el derecho de los padres, etc, etc. Pero los únicos que han objetado han sido precisamente algunos padres. Si se hubiera producido una oposición radical de la escuela católica a la asignatura, es obvio que el gobierno habría que tenido que echar marcha atrás. El Estado no puede asumir el volumen de alumnos, y el gasto que supondría, de la escuela concertada. Pero si no se hizo tal cosa antes de la sentencia del Supremo, menos se va a hacer ahora. Así que tendremos EpC sí o sí, y nos tendremos que conformar con impedir que a los muchachos les lleguen los peores libros de dicha asignatura. Por ejemplo, yo me he leído “de pé a pá” el que se da en el colegio de mi hijo y no he encontrado nada contrario a mis valores.