(Solidaridad.net/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal de Estados Unidos había expresado su oposición a que se continuase con las deportaciones a Haití tan pronto como se anunció, el pasado diciembre, que había terminado el plazo de un año de prórroga.
Los obispos fueron informados, por parte del Departamento de seguridad, que se trataba de “asuntos de seguridad interna”, y de que “aquellos de los que se había programado la deportación eran delincuentes que habían cumplido condena por 'antecedentes penales graves'“.
Pero los obispos hablaron de otra realidad: “Entre los 27 ya deportados y los otros 300 que esperan la deportación, hay un número significativo de condenas no violentas de bajo nivel, que ya habían sido liberados y que habían estado viviendo en la comunidad sin ningún incidente durante años. Otros se encuentran en situaciones humanitarias imperiosas, incluidas graves condiciones médicas, o potenciales reclamaciones contra las medidas de inmigración”.
Hay planes para llevar a cabo 700 deportaciones hasta final de año, planes condenados por los prelados a causa de los más de 3.600 haitianos víctimas del cólera, con otros 400.000 infectados en el país caribeño; el lento proceso de reconstrucción, con cientos de miles de víctimas del terremoto viviendo aún en tiendas; y los disturbios por las pasadas elecciones presidenciales de noviembre.
Los obispos señalan que “para agravar estos problemas, las cárceles de Haití, en las que el Gobierno haitiano coloca de forma rutinaria a los deportados, y que son conocidas por el trato inhumano a los detenidos, están ahora inundadas de cólera. Proseguir con las deportaciones en estas graves condiciones representaría un desprecio a sabiendas de la vida y de la dignidad de los haitianos que van a ser deportados”.
Además, los prelados recomiendan garantizar la libertad condicional humanitaria para los familiares cercanos de los haitianos evacuados a Estados Unidos para recibir atención médica después del terremoto, e implementar un programa condicional de reunificación familiar que beneficiaría a 55.000 haitianos con peticiones familiares aprobadas en los Estados Unidos mientras esperan que sus peticiones se pongan al día.
