(Agencias/InfoCatólica) El cardenal de París, Andre Vingt-Trois, declaró a la radio Europa-1 que planeaba reunirse con el ministro del interior para decirle lo que piensan los católicos para recordarle que hay ciertos límites que no se deben traspasar.
Por su parte, el secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes e Itinerantes del Vaticano, monseñor Agostino Marchetto, no dudó en recordar que los gitanos “también fueron víctimas de un Holocausto” y que todavía hoy “viven huyendo de quien les persigue”.
“Cuando hay expulsiones, se da lugar a sufrimientos y yo no puedo estar contento con el sufrimiento de estas personas, particularmente cuando se trata de personas débiles y pobres que son perseguidas”, argumentó el arzobispo.
Alerta de la ONU y respuesta del gobierno francés
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU pidió a Francia que evite las “expulsiones colectivas” de gitanos. El comité activó su sistema de alerta ante “situaciones particularmente graves de manifestaciones extremadamente preocupantes de discriminaciones raciales masivas” y solicitó a las instituciones europeas que traten el asunto de forma coordinada.
“El Gobierno francés respondió hoy a las críticas asegurando que esa política respeta “escrupulosamente” la legislación europea y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Los gitanos rumanos o búlgaros son ciudadanos de la Unión Europea (UE) y disfrutan, como los demás, de la libertad de circulación en el territorio de los Estados miembros pero no gozan de “un derecho incondicional de estancia”, precisó el portavoz del ministerio galo de Exteriores, Bernard Valero.
Añadió que, tras la adhesión de un nuevo socio, el derecho comunitario “prevé dos límites” a la prolongación de la estancia en otro país de la Unión: “el respeto del orden público” y contar con “recursos suficiente para no representar una carga excesiva al sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida”. En el caso de los gitanos que está expulsando Francia, Valero resaltó en que estaban residiendo de forma ilegal en territorio francés y precisó que, en la gran mayoría de los casos, aceptan voluntariamente volver a su país con “una ayuda específica” de 300 euros por adulto y 100 euros por menor.
