(Ep/InfoCatólica) Cantabria y Castilla-La Mancha se encuentran entre las comunidades autónomas que menos trabas administrativas ponen a las mujeres que quieren abortar acogiéndose a la nueva Ley del Aborto frente a otras, como la Comunidad de Madrid, donde los tiempos de espera por la burocracia que envuelve el proceso puede alcanzar las tres semanas. Así lo ha declarado a Europa Press el director-médico de la Clínica Cire, Sergio Muñoz, uno de los dos centros privados que practican abortos en la región.
Tiempo y dinero
Muñoz explica que desde que la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor, "Castilla-La Mancha junto con Cantabria son las mejores, porque evitan que las mujeres pierdan el tiempo". En cambio, según apunta, la aplicación de la ley está siendo distinta en las distintas CCAA, puesto que algunas comunidades no están facilitando a las mujeres toda la información ni se esfuerzan por reducir los trámites.
Según indica, "hay diecisiete maneras de aplicar la ley". Así, en la Comunidad de Madrid, los tres días de reflexión se están convirtiendo en tres o cuatro semanas hasta que la mujer puede interrumpir su embarazo; sin embargo, en Castilla-La Mancha cuando le dan el sobre informativo enseguida puede hacerse la intervención una vez pasados los tres días", afirma.
Por otra parte, preguntado por si el número de abortos se ha visto incrementado en el último mes desde la entrada en vigor de la nueva ley, Sergio Muñoz indica que aunque aún es pronto para valorar los datos, "no tiene por qué verse aumentado el número de abortos". "La mujer que tiene que abortar, aborta", afirma. A su entender, la mayor diferencia es que ahora la Seguridad Social cubre el aborto. En este sentido, afirma que el porcentaje de mujeres que eligen la privada o la pública está al "50 por ciento" porque "todavía hay mujeres que no quieren esperar". Este porcentaje, según indica, es mayor en las comunidades donde la espera es más larga.
Objetores son la mayor parte de los profesionales sanitarios
Por su parte, el presidente de Consejo Autonómico de Médicos de Castilla-La Mancha, Ramón Garrido, ha señalado que en el caso de que en un futuro se planteara realizar abortos en centros públicos de la región, "una enorme mayoría de los profesionales sanitarios se inscribiría en el registro de objetores de conciencia".
En declaraciones a Europa Press, Garrido ha explicado que, como no está previsto que la práctica del aborto se pongan en marcha en hospitales públicos, sino que se derivan a dos clínicas privadas en Ciudad Real y Albacete, "no es necesario que los profesionales se inscriban en el registro de objeción de conciencia". En cambio, si los abortos se realizarán en centros públicos "tengo la convicción de que una enorme mayoría de los profesionales sanitarios se inscribiría en el registro de objetores de conciencia", ha afirmado.
Por otra parte, respecto a la posibilidad de que médicos de atención primaria y de urgencias puedan inscribirse en el registro de objeción de conciencia junto a ginecólogos, matronas, anestesistas y enfermeras, Garrido ha indicado que la voluntad de la Consejería es que "la aplicación de la Ley cause los menos conflictos posibles". "Si llegara a hacer falta, se consideraría la opción de que estos especialistas pudieran objetar", ha apuntado Garrido y la "posibilidad de contar con otros profesionales sanitarios para esta labor asesora" de información sobre la práctica del aborto que exige la nueva Ley.
