(NCRegister/InfoCatólica) El Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos ha publicado mensajes de texto intercambiados por dos ex fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) de la era Biden que revelan un abierto desprecio anticatólico. Joseph Cooney y Molly Gaston, fiscales de carrera —no nombrados políticamente— que participaron en los procesos judiciales contra el presidente Donald Trump durante la administración Biden, fueron despedidos poco después de que Trump regresara a la presidencia. Ambos son ahora socios del bufete Gaston & Cooney PLLC, y Cooney se presenta como candidato al Congreso por Virginia.
«Quisiera procesar a cualquier monja que todavía lleve hábito»
Los mensajes, enviados desde dispositivos oficiales del gobierno, salieron a la luz a raíz de una investigación del Comité Judicial del Senado sobre los esfuerzos federales por procesar a Trump durante la presidencia Biden. En ellos, Gaston comentó una fotografía publicada por The New York Times que mostraba a varias mujeres con hábito religioso tradicional en el mitin «Stop the Steal» del 6 de enero de 2021: «Me acabo de fijar por primera vez en las monjas junto a los Oathkeepers en una de las fotografías del NYT». Cooney respondió: «¡Lo sé!», a lo que Gaston replicó: «Me gustaría tomar una misión especial para encontrarlas y procesarlas».
Cooney, que trabajó en la Sección de Integridad Pública del DOJ, fue más lejos aún: «Estoy contigo. Aunque me gustaría procesar a cualquier monja que todavía lleve hábito». Gaston respondió con un «jajaja».
Las fotografías en cuestión muestran a tres mujeres con hábito tradicional en el National Mall, junto al escenario del mitin. Ninguna imagen las muestra intentando acceder a zonas restringidas ni al Capitolio. Según los medios que investigaron el caso, las mujeres parecen pertenecer a una comunidad no en plena comunión con la Iglesia Católica romana y sin reconocimiento canónico por la Diócesis de Lansing, Michigan. No consta que fueran procesadas.
El senador Grassley: «Horrorizado, aunque no sorprendido»
El senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, publicó una declaración contundente tras conocer los mensajes: «La libertad religiosa es un derecho sagrado de la Primera Enmienda consagrado en nuestra Constitución por los Padres Fundadores». «Quedé horrorizado, aunque lamentablemente no sorprendido, al descubrir evidencias de fiscales del DOJ de Biden amenazando con usar el poder del sistema judicial federal para perseguir a personas de fe», añadió. Grassley concluyó que el Departamento de Justicia de Biden «mostró un total desprecio por la igualdad ante la ley».
Más mensajes: contra la negación de la Comunión a Biden y sobre la Misa en pandemia
Los mismos mensajes revelan otros aspectos del pensamiento de estos fiscales. Gaston calificó de «locos» a quienes pedían a los sacerdotes que negaran la Comunión al presidente Biden, en referencia al debate que sacudió a la Iglesia americana sobre si debía darse la Eucaristía a políticos que apoyan el aborto. Ambos fiscales comentaron también las restricciones a la Misa durante la pandemia de covid-19: Gaston reconoció que había sido «muy descuidada» con la Misa por vídeo, y Cooney observó que «la Misa por vídeo es muy difícil».
Un patrón sistemático: el anticatolicismo del Estado bajo Biden
Los mensajes no son un episodio aislado. El 30 de abril, el DOJ de Trump publicó un informe sobre el «sesgo anticristiano» que, según documenta, impregnó el gobierno federal durante la presidencia Biden, con regulaciones que dañaron la libertad religiosa en materia de aborto, anticoncepción y políticas de género, y con la presunta instrumentalización del gobierno contra manifestantes pro-vida.
El historial de litigios entre el Estado y las comunidades religiosas femeninas en EE.UU. es largo. Las Hermanitas de los Pobres ganaron en 2020 un caso ante el Tribunal Supremo tras nueve años de batalla contra el mandato de cubrir la anticoncepción en sus seguros médicos, aunque siguen combatiendo en los tribunales. Las Hermanas Dominicas de Hawthorne, en Nueva York, que atienden a enfermos terminales, recibieron un aviso del Departamento de Salud estatal por negarse a asignar habitaciones según la «identidad de género» de los residentes, y también recurren la medida en los tribunales.
Las palabras de Cooney sobre el hábito religioso no son solo una boutade: son el reflejo de una mentalidad que, instalada en las estructuras del Estado, no toleraba la presencia visible de la fe en el espacio público.
