(Scotus/InfoCatólica) La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes la solicitud de la administración Biden de aplicar temporalmente una norma de abril de 2024 que implementa el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la cual prohíbe la discriminación por sexo en los programas educativos que reciben fondos federales. Esta decisión se mantendrá mientras continúan las apelaciones del gobierno.
El fallo deja en vigor, por ahora, las decisiones de los tribunales de apelación federales que impiden a la administración Biden aplicar cualquier parte de la norma, incluidas tres disposiciones que abordan la discriminación contra personas transgénero en las escuelas. Cabe destacar que la administración Biden no había solicitado a la Corte Suprema intervenir en relación a dos de esas disposiciones.
Los jueces se dividieron en una votación de 5-4 sobre si se debía impedir temporalmente al gobierno la aplicación de la totalidad de la norma. La jueza Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan, Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson, emitió un voto en disidencia, calificando las órdenes de los tribunales inferiores como «excesivamente amplias».
Las órdenes provienen de dos demandas separadas: una presentada en Kentucky por seis estados y otra en Luisiana por cuatro estados. Ambas demandas se centraron en tres disposiciones de la norma de abril de 2024 que se dirigen a la discriminación contra personas transgénero. La primera disposición reconoce que la prohibición del Título IX contra la discriminación por sexo incluye la discriminación por identidad de género. La segunda disposición deja claro que las escuelas violan el Título IX cuando prohíben a las personas transgénero usar baños y vestuarios que correspondan a su identidad de género. Y la tercera disposición define el «acoso por un entorno hostil» para incluir el acoso basado en la identidad de género, lo que, según los estados, podría requerir que estudiantes y profesores se refieran a los estudiantes transgénero con los pronombres que correspondan a su identidad de género.
En junio, los tribunales de primera instancia federales bloquearon al Departamento de Educación para que no aplicara ninguna parte de la norma de 2024 en los 10 estados que presentaron la demanda. Posteriormente, los tribunales de apelación federales en Nueva Orleans y Cincinnati rechazaron la solicitud del gobierno federal de permitir la aplicación temporal de toda la norma, que originalmente estaba prevista para entrar en vigor el 1 de agosto. Sin embargo, el gobierno solicitó que se excluyeran las dos disposiciones relativas a la discriminación contra personas transgénero, ya que son las que, según ellos, causan los daños alegados por los 10 estados.
En su petición, la Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, instó a los jueces a intervenir. Subrayó que la norma de 2024 es una regulación «omnibus» que aborda una amplia gama de cuestiones no relacionadas con la discriminación contra personas transgénero, y que los estados no habían impugnado. Además, añadió que, al emitir la norma, el Departamento de Educación pretendía que cada disposición se mantuviera por sí sola. Por lo tanto, argumentó que las órdenes de los tribunales de distrito, que bloquean la aplicación de toda la norma, son «erróneas y de gran impacto».
Los estados demandantes instaron a los jueces a no intervenir y a permitir que se mantuvieran las decisiones de los tribunales inferiores. Argumentaron que habían rechazado repetidamente la norma en su totalidad, ya que consideraban «prácticamente imposible eliminar disposiciones clave» de dicha norma. Tennessee y los demandantes en el otro caso sostuvieron que, en cualquier caso, la administración Biden no había argumentado ante los tribunales inferiores que las dos disposiciones centradas en la discriminación contra estudiantes transgénero pudieran separarse del resto de la norma.
En una breve opinión no firmada emitida el viernes por la tarde, la Corte Suprema rechazó la solicitud de la administración Biden de aplicar la mayor parte de la norma. Los jueces explicaron que estaban de acuerdo en que las tres disposiciones debían permanecer suspendidas por el momento, «incluyendo la disposición central que redefine la discriminación por sexo para incluir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género».
Finalmente, la jueza Sotomayor, en su disidencia de nueve páginas, reconoció que «este litigio aún se está desarrollando» y que los demandantes «podrían eventualmente demostrar daños por otras partes de la norma». Sin embargo, consideró que los demandantes no habían explicado por qué se debía suspender toda la norma para abordar los daños que alegaban. Por lo tanto, Sotomayor habría suspendido las órdenes de los tribunales inferiores, excepto en lo que respecta a las tres disposiciones en el centro de la disputa.
