(EP/InfoCatólica) En una nota firmada por Inmaculada Bañul, diputada del Congreso por Valencia, ante la tramitación de la nueva norma sobre el aborto, la Asociación pone «especial énfasis» en el artículo 10 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que «los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás».
Compromiso con las Personas con Discapacidad
En su Asamblea General, y con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, la asociación recordó el compromiso adquirido por España cuando el 3 de diciembre de 2007 la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, firmó y ratificó en Nueva York la Convención.
El tratado internacional, vigente en España desde mayo de 2008, detalla la asociación, «obliga a ajustar todo el ordenamiento jurídico a los principios, valores, obligaciones y mandatos contenidos en el mismo para hacer efectivos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto a su dignidad inherente». Familia y Dignidad Humana ve necesario promover la igualdad de trato y acabar con la discriminación que, a su entender, todavía sufre este grupo social que en España integra a cuatro millones de personas.
La Asociación Familia y Dignidad Humana
Familia y Dignidad Humana está integrada por parlamentarios, ex parlamentarios y políticos españoles, y nació en 2008 con el propósito de sensibilizar a las respectivas formaciones políticas y a la sociedad en general en defensa de la vida. Aspira a situar el debate en torno al aborto en el marco de la defensa de la mujer y de los derechos humanos fundamentales. Su presidente es Julio Iglesias de Ussel, que fue diputado del Partido Popular y secretario de Estado de Educación y también forman parte Eugenio Nasarre, Luis Peral y Antonio Gutierrez Molina, así como Rafael López-Dieguez, secretario general de Alternativa Española.
