(Zenit/InfoCatólica) Las autoridades policiales nicaragüenses están llevando a cabo interrogatorios a los residentes de una localidad cercana a Managua, con el objetivo de recabar información sobre las actividades de una comunidad religiosa.
Por motivos de seguridad, el nombre de dicha congregación es omitido. Durante los interrogatorios, se les pregunta a los vecinos sobre las actividades realizadas por la comunidad, si están familiarizados con ellas, si han sido invitados, la duración de las actividades y el origen de las personas que participan en ellas, ya sea del mismo barrio o de otras localidades, así como los medios de transporte utilizados para llegar al lugar.
En una reunión celebrada en Managua, la comunidad de religiosos católicos tomó una decisión importante sobre su futuro en el país. Llegaron al acuerdo de que todos los miembros extranjeros deberían abandonar Nicaragua, mientras que únicamente los ciudadanos nicaragüenses que estuvieran dispuestos a vivir de manera cautelosa y enfrentar incluso la posibilidad de ser encarcelados, se mantendrían en el país.
Durante la entrevista, dos vehículos de la policía permanecieron vigilando la residencia, fotografian y grabando todo. Esta intensificación del control y la vigilancia también se ha extendido a la parroquia donde el sacerdote celebra la misa. Desde 2018, no habían recibido ninguna visita policial, pero desde 2021 se ha vuelto cada vez más frecuente ver dos camionetas de la policía estacionadas afuera tanto de la parroquia como de la casa del sacerdote.
En otra iglesia cercana a Managua, otro sacerdote católico tuvo la visita de dos agentes de policía, quienes reprodujeron una grabación de una homilía y advirtieron que consideraban ese tipo de contenido como peligroso. El sacerdote intentó explicarles que se trataba simplemente de una oración normal y que no tenía nada que ver con política. Sin embargo, expresó su preocupación de que las autoridades pudieran manipular pruebas en su contra, ya que percibe que ya tienen una predisposición negativa hacia ellos.
«El año pasado, en agosto, ellos pidieron entrar a la casa sin ningún tipo de orden, sin nada. Simplemente tocaron la puerta y preguntaron si podían pasar. Vinieron seis policías de los que están vestidos de negro y entraron a la casa. Funcionó exactamente igual a un allanamiento, pero no era un allanamiento porque no había ninguna orden. Nosotros les atendimos muy amablemente porque no estábamos en posición de reclamar absolutamente nada». Una visita muy parecida ocurrió a la vez en varias congregaciones y residencias de religiosos.
En otra parroquia de Managua, la policía cortó la electricidad de la iglesia y revisó los dispositivos electrónicos del sacerdote, alegando preocupaciones sobre actividades que podrían causar temor en la comunidad. Los sacerdotes denuncian acoso policial, golpizas y confiscaciones de propiedades, mientras que las autoridades no han respondido a ninguna de las preguntas planteadas por Reuters.
Un diplomático anónimo en Managua expresó su preocupación por la represión continua y los informes creíbles de expulsiones de órdenes religiosas y espionaje policial hacia el clero. Asimismo, habló sobre testimonios que revelan que algunas misas son grabadas para criminalizar la práctica religiosa mediante la manipulación de pruebas.
«Hay personas que nos dicen: “Padre, me mandaron a tomar fotos y a compartir lo que usted está diciendo dentro de la misa. Perdóneme, yo realmente no quiero hacer esto, pero ellos me están mandando”. Y nosotros les decimos: “Muchas gracias por avisarnos. Muchas gracias, por decirlo. Usted haga lo que le han pedido, nosotros vamos a tener los cuidados necesarios”».
«Fuera de nuestros templos, nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad de que podemos profesar nuestra fe de ninguna manera. Es algo que ha cambiado mucho, porque antes nosotros teníamos toda la libertad de hacer procesiones, de estar fuera del templo, de visitar enfermos y de llevar bolsas de comida. Nada de eso se nos está permitido en este momento». El sacerdote contó que no pudieron llevar a cabo un paseo que tenían planeado con los jóvenes de la parroquia puesto que la jefatura de Tránsito de la Policía negó el permiso al bus «porque era una actividad de la iglesia».
Según Martha Patricia Molina, investigadora y abogada nicaragüense en el exilio, en lo que va del año, cuatro sacerdotes han sido expulsados, otros seis han huido del país y a dos se les ha negado el reingreso a Nicaragua.
