(Efe) Tras la aprobación de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia es obligatorio acreditar que todas las personas que mantienen contacto habitual con menores no han sido condenadas con sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual.
Esta normativa es de aplicación a todas las actividades con menores de edad, adolescentes y jóvenes, entre los 0 y los 17 años. También afecta, por lo tanto, a las actividades que se realizan en las parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas.
Entre otros, afectará a monitores de esparcimiento, catequistas, voluntarios y profesionales de la diócesis que tengan contacto habitual con menores.
Las parroquias, delegaciones y otros servicios pastorales tienen de plazo hasta el mes de septiembre para entregar la documentación de los solicitantes a la Secretaría General del Obispado de Lleida.
Después, la Secretaría General hará la petición conjunta del Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
El diario Segre avanza hoy que se prevé que esta medida afecte a unas 500 personas, entre religiosos y voluntarios que realizan actividades con menores en la diócesis.
