(Aceprensa/InfoCatólica) La ley fue propuesta por 40 parlamentarios con el apoyo expreso del Ministro de Justicia en agosto de 2012. Sin embargo, encalló después de que una campaña popular recogiera más de 38.00 firmas en contra, que se enviaron junto con cientos de cartas a los congresistas. No obstante, en abril de 2014 el texto fue enviado de nuevo al Parlamento. En junio se aprobó en primera lectura y, aunque su ulterior tramitación estaba prevista para más tarde, el gobierno decidió adelantar las siguientes consultas a octubre por considerarlo un asunto prioritario. La ley ha sido aprobada por una exigua mayoría de 40 contra 38. Con todo, para que entre en vigor aún se debe aprobar una norma de implementación, y esta vez se requerirá una mayoría más holgada.
Pese a que el texto no habla en ningún momento de matrimonio homosexual (la Ley de Familia aprobada en 2010 señala explícitamente que dos personas del mismo sexo no pueden formar matrimonio), los detractores del proyecto consideran que la práctica equiparación jurídica y fiscal de las uniones de hecho con el matrimonio no es sino el primer paso para allanar el camino. Una vez igualados de hecho, solo falta cambiar las palabras, lo que se presentará como una obligación de justicia y coherencia.
Mayoría popular, en contra
La forma en que los partidarios están defendiendo la ley hace pensar efectivamente en ese escenario. Como en otros países, la argumentación se ha centrado en los derechos humanos, o la atención a las minorías, rehuyendo la pregunta central sobre por qué el matrimonio, y no otro tipo de uniones legítimas, recibe un trato ventajoso por parte del estado. Los detractores de la ley, según ellos mismos han explicado, no están en contra de «los derechos de los homosexuales», como se les ha criticado; ni siquiera de que se dé un estatus legal a sus uniones. Se oponen a que el término matrimonio, tal y como está recogido en la Constitución y en la Ley de Familia, quede vacío de contenido al equiparlo con una realidad distinta.
Recientemente el comité de asuntos constitucionales del Parlamento ha desestimado la idea de someter la ley a referéndum, argumentando que una votación así en un asunto tan sensible «podría dividir a la población, cuando la misión del Estado es unirla». Según esta lógica –por denominarla de alguna manera–, solo se podría llevar a referéndum los asuntos de poca importancia y cuando haya mayorías muy claras que hagan innecesaria la pregunta.
Lo que ocurre en realidad es que, según las encuestas publicadas en 2013, en torno a un 57% de los estonios no está de acuerdo con la ley. El texto de hecho ya ha dividido a la población, aunque este tipo de desunión no ha parecido preocupar al Parlamento.
La protección de los niños
El proyecto de ley no habla de los derechos de los homosexuales al matrimonio. Sin embargo, sí se alude a los derechos de los niños criados por parejas de gays o lesbianas. Quienes se oponen al texto consideran que la táctica del gobierno es preparar el terreno al matrimonio homosexual basándose en el noble objetivo de no discriminar a los niños.
No obstante, explican, cabe proteger a los niños sin que eso signifique llamar matrimonio a lo que no lo es. Los derechos se basan en una realidad dada, y no en aspiraciones o deseos: los niños merecen protección por el hecho de serlo; probablemente los jóvenes adultos también necesiten apoyo (especialmente en este contexto económico), pero ese apoyo no debería consistir en equipararlos a los niños. A cada realidad le corresponde su tratamiento.
Del mismo modo, las ventajas ofrecidas por el Estado a los matrimonios derivan de una determinada concepción del matrimonio, que la Constitución de Estonia define como la unión entre hombre y mujer. Si otro tipo de uniones también le merecen consideración al Estado por su beneficio para la sociedad, lo lógico sería diseñar un marco legal propio para ellas, pero no equipararlas con una realidad distinta.
Frecuentemente se acusa a los defensores del llamado «matrimonio tradicional» de ser demasiado celosos del concepto matrimonio. Sin embargo, las protestas en Estonia contra la Ley de Cohabitación demuestran que no se pelea solo por una palabra: el objetivo es salvaguardar la institución que hay detrás.
Si el matrimonio recibe un trato de favor respecto a las parejas de hecho, homosexuales o heterosexuales, es porque genera unas condiciones más favorables para la formación y desarrollo de una familia estable. Esta diferenciación –«discriminación» según algunos– no solo no lesiona los derechos de nadie, sino que es beneficiosa para la sociedad.
