(ACI).- En un mensaje publicado este jueves, la Conferencia Episcopal de Costa Rica explicó que el respeto de la dignidad a las personas con inclinaciones homosexuales no puede llevar a la legalización de "derechos" que atentan contra la solidez de la familia como célula básica de la sociedad y pidieron a los diputados rechazar un proyecto de ley que pretende equiparar las uniones homosexuales al matrimonio natural.
En el documento, los obispos destacan que la Iglesia Católica "considera que toda persona humana, creada a imagen de Dios, es digna del mayor respeto y rechaza, consecuentemente, toda discriminación contraria a su dignidad. Así, la Iglesia distingue entre el respeto a toda persona independientemente de su orientación sexual y el rechazo al acto sexual homosexual, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano".
Los obispos advierten además que los políticos "no pueden ni deben legislar contra la recta razón, pues de hacerlo la norma que emiten perdería la fuerza de obligar en conciencia"; y señalan que "las legislaciones favorables a la uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren garantías jurídicas propias de la institución matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo. Considerando los valores en juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al deber de promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matrimonio".
El comunicado responde a quienes defienden el supuesto "derecho" al "matrimonio" homosexual señalando que "es necesario reflexionar ante todo sobre la diferencia entre el comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico. El segundo fenómeno no sólo es más grave sino también de alcance más vasto y profundo, pues podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la organización social. Las leyes civiles son principios estructurales de la vida del hombre en sociedad, para bien o para mal".
"La unión de personas del mismo sexo –señalan los prelados– carece absolutamente de las características, valores y riquezas que justifican la unión natural del varón y la mujer en la cual se vive la complementariedad del ser humano, mucho más allá de los aspectos puramente reproductivos. Igualmente, estas uniones homosexuales no están dispuestas a la transmisión de la vida y, cuando al forzar la naturaleza se recurre a mecanismos artificiales, éstos irrespetan la dignidad de la persona humana no nacida".
Al mismo tiempo, "la razón de la protección legal al matrimonio se encuentra en la misión de esta institución de ser la base de la familia, y de allí que sea una institución que goza del interés público. Lo anterior, no ocurre con este tipo de uniones que no aportan al tejido social y al aseguramiento futuro de la sociedad, como lo hace la institución matrimonial".
Los obispos explican además que existen leyes que regulan las sociedades de hecho, y que cubren las formas de protección jurídica que los homosexuales exigen, haciendo completamente innecesaria una nueva ley.
Por ello, "desde el punto de vista jurídico-constitucional el proyecto propuesto atenta contra los principios constitucionales de nuestra Carta Magna y reconocidos en nuestra jurisprudencia".
"Desde una perspectiva lógica constitucional es imposible homologar o equiparar el matrimonio a ninguna otra figura que pretenda, con un mero cambio de vocabulario, reunir su mismo contenido jurídico"; dicen los Obispos; y agregan que "a la luz de la Doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia y, con base en el orden jurídico costarricense interpretado auténticamente por la Sala Constitucional, es inaceptable e incongruente dar la razón a un proyecto que pretende trasladar todo el régimen jurídico del matrimonio a las uniones entre homosexuales".
Finalmente, como Pastores de la Iglesia, los obispos piden "a los señores diputadas y diputados católicos, que se expresen y voten en contra de tal iniciativa de Ley, y a los que no confiesan nuestra fe, que examinen los argumentos que hemos expuesto, y de conformidad con las reglas de la recta razón y de la naturaleza del ser humano y de la vida en sociedad, no presten su voto a un proyecto que, a todas luces, va en contra del bien común de los habitantes de la República".
