(El País/InfoCatólica) Las cifras oficiales de abortos fueron dadas a conocer ayer por el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo. En total hubo 200 abortos en el primer mes de implementación de la ley, tanto en el sector público como en el sistema mutual.
La cifra de abortos representa un tercio de los niños nacidos por mes en el Pereira Rossell, donde por año se registran aproximadamente 7.500 nacimientos. La cantidad de abortos fue mayor en la salud privada que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y se produjo con más frecuencia en Montevideo que en el interior.
Briozzo ha dicho en una rueda de prensa que el hecho de que entre el 10% y 20% de las mujeres que consultaron en el Pereira Rossell decidieron mantener su embarazo «echa por tierra que esto es una ley proaborto como se dice».
«Los datos internacionales demuestran que si se combinan la anticoncepción y planificación familiar y la educación en salud sexual se disminuye el número de abortos, que es lo que todos queremos», aseguró el subsecretario, a pesar de que la realidad es exactamente la contraria, ya que cuanta más campañas anticonceptivas se lanzan, más embarazos no deseados se producen
En los debates parlamentarios, los legisladores posicionados a favor de la despenalización del aborto señalaban que en el país se producían 30.000 abortos por año. De continuar con el promedio actual al finalizar el 2013 se producirían 2.400 abortos legales.
El catedrático grado 5 Justo Alonso, dijo a El País que las estimaciones que se hacían eran «especulaciones» porque no se tenían cifras oficiales. Agregó que una investigación académica que realizó en el Pereira Rossell determinó que cada 100 embarazos se registraban 10 abortos. «Me parece que esta cifra de 200 va en coincidencia con esta investigación», dijo.
El presidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, Gustavo Ferreiro, dijo a El País que la cifra de 30.000 abortos que se manejaba «no tenía ningún fundamento real, porque era un supuesto».
El profesor adjunto de la Clínica Ginecotocológica C (a la cual pertenece Briozzo), Francisco Cóppola, señaló a El País que el número de abortos registrados «es bajo», en comparación a las estimaciones que se hacían a nivel político. «Estas cifras me llevan a pensar que las pacientes que venían a la policlínica de Salud Sexual y Reproductiva a consultar para asesorarse del aborto eran las más y no las menos como pensábamos», acotó.
Quiso abortar y no pudo
Por su parte, Laura Galván, una paciente del Hospital de Las Piedras, que consultó al límite de la edad gestacional permitida (12 semanas), no pudo realizarse el aborto porque le falló en dos oportunidades el misoprostol. Cuando volvió al ginecólogo le comunicaron que no podían interrumpirle el embarazo por estar pasada de las 12 semanas. Briozzo indicó ayer que se investigará el caso, pero afirmó que «la ley no da lugar a dudas y si se pasan los plazos no se puede realizar. La mujer queda amparada por la ley de Salud Sexual y Reproductiva donde se le permite el asesoramiento previo al aborto para evitar las condiciones de riesgo», dijo.
Galván informó a El País que presentará una denuncia penal en contra del Ministerio de Salud Pública (MSP) por mala praxis, por no haber recibido la medicación completa para poder efectuarse el aborto. En el Hospital de Las Piedras le recetaron misoprostol, pero no mifepristona, la cual debe ser administrada en forma previa.
«Les voy a entablar un juicio porque empezaron a aplicar la ley sin tener el personal informado. Me tendrían que haber explicado, porque para habilitar la ayuda tienen que contar con el personal capacitado. Conmigo falló porque recién se estaba importando la medicación», explicó la paciente.
Según Alonso, las posibilidades de que el embarazo no se interrumpa con la combinación del misoprostol y la mifepristona varían desde el 1% hasta el 2% de los casos. Pero si se administra solo misoprostol la posibilidad de que el aborto no se produzca aumenta al 5%.
«Esto lo que evidencia una vez más es que el decreto reglamentario se sacó muy a las apuradas y que fue aprobado antes de que hubiera mifepristona. El caso de esta señora es paradigmático de las fallas que tiene el decreto reglamentario y de que el sistema no está preparado; porque muchas mujeres se enteran del embarazo recién cuando están de 11 semanas», explicó el catedrático.
En tanto, Ferreiro opinó que «quizás el hecho de no haber administrado mifepristona fue lo que alteró un poco la respuesta» en el caso de la mujer de Las Piedras.
