(C-FAM) La reciente oleada de inquietud en el sitio web de la Comisión indica que está comenzando a funcionar una nueva «Unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexo» establecida en 2011. A esta unidad especializada se le encomendó la tarea de seguir la pista de cuestiones LGBTI dentro de la Comisión Interamericana.
Los episodios de violencia ocurrieron en México, Estados Unidos, Guatemala, Brasil y Jamaica. Todos los comunicados de prensa, publicados entre el 18 de junio y el 16 de julio, contienen el siguiente lenguaje estándar dirigido a esos gobiernos:
«La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables. La Comisión insta al Estado a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la identidad de género o la orientación sexual de la víctima».
La Comisión Interamericana declara que estos países no investigan ni procesan adecuadamente tales delitos, y que «la inefectividad de la respuesta estatal fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la indefensión». La Comisión también recomienda «la adopción de políticas y campañas públicas, así como las reformas necesarias para adecuar las leyes a los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos».
Este lenguaje estándar no aborda los diversos niveles de competencia en la investigación y el procesamiento de delitos a lo largo del continente, y parece invitar a que se los considere como delitos presuntamente motivados por prejuicios, a menos que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, el comunicado de prensa de la Comisión considera el asesinato de Mollie Judith Olgin en Texas como un delito de esa índole, aunque la policía a cargo de la investigación no halló indicios de ello, pese a los esfuerzos por aplicar esta teoría.
La Unidad LGBTI especializada está inspirada, en parte, en los Principios de Yogyakarta, documento radical elaborado por expertos de las Naciones Unidas y activistas de derechos humanos a fin de preparar el camino hacia el reconocimiento universal de nuevos derechos especiales para homosexuales y otras personas, basados en su preferencia e identidad sexual. El documento ha sido usado para promover nuevos derechos en las Naciones Unidas y en Europa, y figura en el sitio web de la Comisión, donde se explica que ella abraza el concepto de «autoidentificación [sexual y de género] de cada persona».
Informes de prensa sobre la violencia contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género impulsaron a los activistas homosexuales en Latinoamérica, quienes han recabado apoyo político suficiente como para promulgar leyes contra delitos motivados por prejuicios en varios países. En julio, Chile se convirtió en el último país en promulgar este tipo de legislación, tras el crimen de un joven homosexual a manos de neonazis, en marzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El año pasado, una resolución de la Asamblea General de la OEA estuvo a punto de solicitar a los países miembros que que promulgasen leyes sobre delitos motivados por prejuicios.
Por Stefano Gennarini, J.D.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
