Las urbanizaciones de Puerto Rico deberán dar llaves de acceso a los testigos de Jehová

El juez federal de Puerto Rico Gustavo A. Gelpí ordenó el pasado 21 de marzo que todos los municipios de ese país se aseguren de que las urbanizaciones den completo acceso a los testigos de Jehová para que puedan llevar a cada hogar su mensaje, según informa Limarys Suárez en El Nuevo Día.

“Todos los municipios demandados deben recopilar y entregar a los demandantes (testigos de Jehová) una forma de acceso a todas las urbanizaciones con control de acceso sin guardia de seguridad localizadas en sus ayuntamientos. Dependiendo de la forma de acceso, cada urbanización debe entregar a los demandantes una llave, un código de acceso, beeper, o cualquier otro dispositivo necesario para permitir la entrada a la urbanización. El tipo de acceso que se provea a los demandantes debe ser igual que el que tienen los residentes de esas urbanizaciones y deben conceder acceso sin ninguna restricción a los demandantes”, reza la orden de tres páginas de Gelpí.

El juez federal indicó que los municipios deben de cumplir en o antes del 17 de abril y lo que fallen en hacerlo recibirán una multa de 100 dólares diarios hasta que cumplan. Los municipios demandados son Bayamón, Ponce, Dorado, Gurabo, Caguas, Santa Isabel, San Juan y Trujillo Alto, tal como habíamos publicado en Info-RIES en mayo de 2012.

“Los demandantes, que actúen bajo la estricta orden de esa Corte, mantendrán llaves, beepers y los códigos de acceso con el único propósito de expresar su fe y no podrán compartirlos con ninguna otra parte, persona u organización. Cualquier urbanización que cambie sus accesos a calles públicas debe notificarlo al municipio antes de hacer el cambio. El municipio será el responsable de entregar los nuevos métodos de acceso a los demandantes en las primeras 24 horas del cambio”, puntualizó el juez federal.

Gelpí destacó que será necesario la cooperación de para poder implementar sus directrices y todas las partes han demostrado su apertura para trabajar justos para resolver este asunto. “Se espera que los municipios trabajen de buena fe para garantizar que cada urbanización cumpla con la orden de esta Corte. Los testigos de Jehová, de igual forma se espera que respeten las directrices de este tribunal y que también respeten los deseos de los dueños de las propiedades. Si un dueño de propiedad coloca un letrero que diga ‘No Pase’ se espera que los testigos de Jehová respeten los deseos de los dueños de la propiedad”, apuntó.

Una decisión sorprendente y polémica

La decisión representa una victoria para la secta, pero afecta la práctica de control de acceso público a urbanizaciones y supone un golpe al bolsillo de los residentes de estas comunidades por lo oneroso que supone el cumplimiento de esta orden, explica Marga Parés Arroyo en El Nuevo Día. Según la decisión, para garantizar que este movimiento pueda llevar su mensaje sin ningún obstáculo, estas urbanizaciones deben proveerles los mecanismos de entrada (llave, beeper o el código de acceso) cuando no hay un guardia de seguridad privado en la entrada de estas comunidades.

El fallo de Gelpí destapa una caja de Pandora, ya que establece las bases para que otras organizaciones, religiosas o no, también exijan entrada a estas comunidades. Además, permitiría que esta orden se extienda a otros municipios de la Isla. Asimismo, podría replantear el futuro de urbanizaciones con acceso controlado en la medida que tal control parecería haberse esfumado.

De hecho, residentes en algunas de estas comunidades recibieron la determinación judicial con una ola de preocupación al interpretarla como un golpe a sus esfuerzos por sanear su entorno de la alta criminalidad generalizada en la Isla.

Entrada a calles públicas

Para la licenciada Nora Vargas Acosta, representante legal de los testigos de Jehová en el caso en cuestión, el dictamen de Gelpí fortalece tanto el derecho a la libre expresión, garantizado a nivel constitucional, como el derecho de la libertad de culto o religión. “Me parece que es un reconocimiento importante”, sostuvo.

Expertos en derecho coinciden en que la decisión de Gelpí era el curso natural que debía tomar esta controversia. “Más que libertad de expresión, esto es un problema de acceso, del uso de calles y facilidades públicas”, sostuvo la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados. Según el licenciado Carlos Ramos, aunque la decisión de Gelpí plantea “un remedio drástico”, garantiza la libertad de culto, el derecho de una minoría religiosa aun por encima de los reclamos de seguridad de los residentes de estos lugares con control de acceso.

Tanto Rivera Lassén como Ramos coincidieron en que la resolución emitida obliga a reconsiderar la planificación de las ciudades y el repensar si el desarrollo futuro de proyectos de vivienda será con o sin control de acceso. “Si prevalece esta decisión, lo que hace es obligar a repensar los accesos, (la viabilidad o no de) esta vida en encarcelamiento que tenemos”, sostuvo Ramos, experto en derecho constitucional.

Lagunas

Para el licenciado Carlos Gorrín Peralta, una laguna en la decisión de Gelpí es el no detallar cómo se pondrá en práctica el remedio emitido, el acceso a estos lugares. “No dice cómo tienen que hacerlo y eso abre una posible caja de Pandora. Quizás tienen que llevar otro pleito. Pienso que esto (la otorgación de mecanismos de entrada a las urbanizaciones cerradas) es algo impracticable y es una invitación a litigaciones futuras”, indicó.

Según el constitucionalista, esta determinación abre la posibilidad, además, a que cualquier otro grupo que quiera repartir propaganda en estos lugares pueda hacerlo. “Esto es una invitación abierta a que otros grupos hagan un igual reclamo (de entrar a urbanizaciones con control de acceso), tanto en el foro (judicial) local como el federal”, sostuvo al opinar que con esta apertura “la seguridad (de estos lugares) se va a ir al infierno”.

Comentó que, aunque tendrán que incurrir en altos costes con la repartición masiva de instrumentos que garanticen el acceso a estos lugares o la activación de guardias privados a la entrada de las urbanizaciones, los residentes de estas urbanizaciones tienen el derecho de poner cartelones que prohiban el paso a su propiedad o que expresen su negativa a recibir cualquier tipo de propaganda.

Según Gorrín Peralta, la aplicabilidad de este dictamen se extiende, también, a urbanizaciones que asuman la privatización y el mantenimiento de sus calles, ya que decisiones judiciales previas ya han fallado a favor de los testigos de Jehová. “¿Qué pasa cuando los muchachos de otro barrio quieren entrar a la cancha de la urbanización? No es un asunto sencillo. Además, no solo se trata del acceso a calles públicas, en otras decisiones (judiciales) ya incluso le han dado acceso a urbanizaciones y comunidades privadas”, dijo.

Quejas de los vecinos

“¡Pero qué pantalones! ¿Por qué tengo que tener a alguien tocando la puerta de mi casa, y de forma bien insistente?”. Así reaccionó Marta Fernández, residente de la urbanización con control de acceso Pradera Almira, tras conocer el fallo. Lo leemos en una crónica de Osman Pérez Méndez publicada en El Nuevo Día.

A Néstor Figueroa, vecino de Fernández en la citada urbanización de Toa Baja, el asunto no le preocupa. “Mientras la persona entre de forma decente, cualquiera que toque mi puerta de forma decente, mi puerta está abierta”, afirmó. Fernández entiende y acepta el hecho de que la calle es pública, pero considera que con el fallo “me están coartando mis derechos”.

“Si van por el medio de la calle, a mí no me importa. Pero ellos sí tocan a la puerta. Y tengo que salir, como he hecho antes, y decirles que se vayan, que no me interesa lo que traen. Yo no voy a imponerles mis creencias a otros, y creo que donde empiezan mis derechos terminan los tuyos”, insistió Fernández, al tiempo que se preguntaba por qué si el Gobierno quiere que entren, no establece bien claro un espacio de tiempo y garantías de seguridad.

“¿Cómo sé que no es algún delincuente?”, añadió Fernández, preguntándose si el Gobierno les proveería una identificación. Precisamente, la seguridad es una de las principales preocupaciones, ya que no parece estar claro cómo es el proceso para que aquel que se ampara en esta orden judicial se identifique debidamente para entrar a las urbanizaciones, sino que se deja a la buena voluntad de las partes.

Juan E. Miranda Mislán, presidente de la Asociación de Residentes de Pradera Almira, afirmó que el asunto está causando molestia. “Aquí hay 346 unidades y a más del 80% no le gusta y cuestiona las visitas de personas extrañas a la urbanización”, dijo Miranda, quien añadió que, no obstante, nunca ha impedido el paso de los testigos de Jehová.

“Ellos no se identifican como tal, sólo dicen que vienen a predicar. Pero a veces son 20 o 30 individuos caminando por las calles sin estar identificados. Los residentes están preocupados y yo estoy preocupado”, añadió Miranda, señalando que en urbanizaciones vecinas han ocurrido crímenes luego que personas entraran identificándose falsamente. “Me incomoda la decisión del juez Gelpí en parte porque diga que los residentes tengan que poner un letrero que no quieren visitas. Queremos ver la forma legal que se pueda lidiar con los residentes que no quieren eso (la visita a sus casas)”, indicó.

Mientras, Emely Rodríguez, presidenta de ERS Housing Administration Services, empresa que administra unas 50 urbanizaciones por toda la Isla, señaló que no anticipa que el fallo implique mayores gastos a los residentes, pero sí indicó que ha recibido muchas quejas respecto a la seguridad. “No se ha establecido una manera eficaz de identificar y saber que no va con malas intenciones. La Ley de Control de Acceso (de mayo de 1987) no está atemperada a la realidad”, dijo la empresaria.

Cuestiones pendientes: ¿quién pagará?

Todo apunta a que habrá un nuevo episodio en los tribunales entre los Testigos de Jehová y los residentes de las urbanizaciones con control de acceso, puesto que no está claro quién deberá pagar por el mecanismo para garantizarles la entrada a sus miembros a las comunidades cerradas. “Le tienes que dar acceso irrestricto igual que a un residente: 24 horas al día los siete días de la semana. Eso es lo que dice la orden del juez. Cómo eso se va a implementar, crea muchas interrogantes. Sobre el pago (por el mecanismo de entrada), la orden no se dirige a ese asunto en particular”, explicó la abogada de los testigos de Jehová, Nora Vargas Acosta. De acuerdo con su interpretación, no obstante, debe ser un costo que asuman los residentes. “Porque el ejercicio de libre expresión al culto y a la religión no se debe cobrar”, agregó.

Lo relata Gloria Ruiz Kuilan en El Nuevo Día. Sin embargo, para el abogado que representa al municipio de Caguas en el pleito, Luis Pabón Roca, “al igual que los residentes tienen que pagar por el beeper, los testigos de Jehová tienen que hacerlo. Eso no está claro en la orden, pero el lenguaje del juez da igualdad. Los testigos de Jehová no deben tener un beneficio distinto al de los residentes. Me imagino que ese será un punto que debe aclarar el tribunal”, dijo.

Por el momento, los residentes entienden que no deben costear el mecanismo de entrada para los testigos de Jehová, confirmó este diario al hablar con al menos seis asociaciones de residentes de urbanizaciones con control de acceso. “No es acceso todo el tiempo, porque estamos pagando por la privacidad. No puedo darle a alguien un beeper que se puede perder. ¿Y la seguridad de la gente, quién me la garantiza?”, cuestionó Lydia Camacho, presidenta de la Asociación de Residentes del Área Metropolitana, organismo que agrupa a 55 asociaciones de residentes.

En la urbanización El Plantío, en Toa Baja, los residentes evalúan dar acceso a los testigos durante unos días y horas determinadas, precisó Sonia Piscani, residente a cargo de la seguridad. Mientras, en Gardens Hills State en Guaynabo, una urbanización con control de acceso sin guardia privado, los residentes optaron por dejar el portón peatonal abierto las 24 horas, con un letrero que así lo especifica, destacó el presidente de la Asociación de Residentes, Rafael Rivera.

En Garden Court, también en Guaynabo, adonde se accede mediante un código, los residentes decidieron que se les permitirá la entrada a los adeptos de la secta con un código que estará escrito en el mismo lugar del teclado, ubicado en la entrada. “Allí hay una cámara que es manejada por la guardia del centro de mando (que paga la urbanización) y va a estar viendo a la persona ahí parada que se identifica y le da acceso. Eso cumple con la directriz del tribunal. Lo estoy tratando como cualquier persona”, dijo el administrador y vecino de la comunidad, Rafael Cestero.