Un lector nos envía el siguiente artículo firmado por don José Carlos Muñoz que reproducimos a continuación:
“ Las primeras sentencias dictadas por el TSJ de Castilla y León, el más alto tribunal con competencias en nuestra comunidad, eximen a 20 niños de León y Zamora de cursar EpC , por considerar que, cuando las creencias religiosas o morales de los padres difieren de las que pretende inculcar el Estado, al participar los alumnos en esta asignatura corren un “riesgo exorbitante que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos".
Es una buena noticia esperada en León y Zamora desde hace semanas, cuando empezaron a aparecer sentencias similares en otras provincias de nuestra comunidad, y que las Plataformas de León y Zamora tienen el privilegio de comunicaros. Esperamos que en los próximos días nos comuniquen el resto de sentencias que afectarán a muchas familias de León y Zamora.
Es de justicia felicitar a todos los padres objetores de León y Zamora que con tanta tenacidad y valentía han luchado por defender la educación moral de sus hijos, a la cual tienen derecho según la Constitución Española y según su libertad de conciencia. Y ahora también, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En nombre de las Plataformas León Educa Libertad y Zamora Educa en Libertad, damos las gracias por su labor y la enhorabuena por su éxito a D. Luis Lobato Pozuelo, abogado de la plataforma de León y a D. Javier Lozano Carbayo, abogado de la plataforma de Zamora
Aunque las sentencias atañen a 20 niños en concreto, la realidad es que, lo que se dice en ellas, atañe a todos aquellos que consideren como opción personal la objeción a causa de su moral.
Y para llegar a esta conclusión no hay más que leer las sentencias, que desgrana con precisión cada punto del desarrollo curricular de la asignatura y cómo esta forma de desarrollarla conlleva injerencia en el ámbito moral, que los padres (en general, no de esta niña en particular) no están obligados a soportar. Si no lo aplicamos a todos los objetores, se estaría marcando unas diferencias entre alumnos en idéntica situación, lo cual sería anticonstitucional. ¿Por qué unos objetores sí y otros no? ¿no tenemos todos los mismos derechos?
Por ello recomendamos su lectura al Presidente Herrera, que por cómo está actuando parece ser que no la ha leído, así como a los responsables de educación y a los profesores de EPC, especialmente.
Queremos denunciar la situación de indefensión en la que la Junta de Castilla y León nos ha dejado a muchos padres Leoneses al no contestar a nuestras demandas de objeción de conciencia a EPC y por tanto no permitirnos acudir a los tribunales. Lo hicieron en base a que, según dijeron, extenderían las medidas que tomaran los tribunales a todos los objetores, cosa que ahora no han hecho, provocando esta indefensión. Por tanto nos mintieron y ahora no asumen su responsabilidad.
SENTENCIAS TSJ DE CYL A FECHA 14 DE NOVIEMBRE
SENTENCIAS Numero niños
Ávila 2 9
Burgos 10 41
León 1 1
Salamanca 42 90
Soria 69 106
Valladolid 77 168
Zamora 6 19
TOTAL 207 424
Ya son 424 los alumnos de Castilla y León que no recibirán EpC, por orden judicial, en los que como hemos visto están incluidos desde ayer 1 de León y 19 de Zamora..
Ante la nefasta actitud de la Consejería de Educación, los padres objetores presentamos nuestras demandas a Herrera el 11 de noviembre de 2009 en Valladolid, mediante una carta entregada en la sede de la Junta. A pesar de todo el Gobierno regional nos ignora e ignora también el contenido de las sentencias emitidas por nuestro más alto tribunal que dicen, de forma rotunda, que estas asignaturas suponen un «riesgo exorbitante que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos».
Por si fuera poco, las propias sentencias ponen de manifiesto la dejación de funciones de la Junta, que podía haber evitado a las familias acudir a los Tribunales, puesto que, según el TSJCyL, en el uso de sus competencias “las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto".
Lo más escandaloso es que siguen defendiendo la EpC del Gobierno nacional. Incluso una vez que el Tribunal competente en Castilla y León se ha pronunciado con esta claridad, la Consejería sigue despreciando a las familias al negarse a extender el fallo de las sentencias al resto de los alumnos objetores, los que aún esperan su sentencia, los que no han podido aúnacudir al Tribunal a defender su derecho puesto que la Junta de CyL les ha impedido hacerlo al no contestar siquiera a sus escritos de objeción de conciencia, y los que quieran, a partir de ahora, acogerse al derecho a la objeción de conciencia.
Consideramos que los responsables de la Junta no pueden seguir engañando a la opinión pública con falsos recortes de contenidos polémicos, cuando el Tribunal castellano leonés ha afirmado que la EpC de Castilla y León es absolutamente coincidente con los del Gobierno central. Por tanto, estas asignaturas son iguales de adoctrinadoras en Castilla y León que en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
Ante la pasividad de los señores Mateos y Sánchez Pascuala (consejero y viceconsejero de Educación respectivamente), los padres objetores de Castilla y León hemos reclamado al Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que dirija personalmente este asunto, cese a los responsables de la Consejería de Educación y reciba a los padres para escuchar sus demandas y resolver esta lamentable situación. Cosa que no ha ocurrido a día de hoy, en el que se sigue presionando desde los centros e incluso desde la propia inspección a los alumnos mediante amenazas.
Por ello hemos remitido una nueva carta a nuestro presidente exponiéndole la situación ya que parece no darse cuenta de lo que pasa en su propia Comunidad en el ámbito educativo.
El Gobierno regional no puede permanecer callado ante más de doscientas sentencias, y las que aún faltan, como si no pasara nada. Estamos hablando de unas sentencias que afirman que EpC vulnera derechos fundamentales al imponer una moral de estado obligatoria.
El empecinamiento en sacar adelante estas asignaturas se entiende en aquellos que defienden esa imposición moral; si la actitud de la Junta no cambia y Herrera no rectifica inmediatamente, tendremos que entender que tanto los responsables de la Consejería como el propio Presidente defienden EpC tal como está diseñada. Si es así, significa que el Gobierno de Castilla y León pretende, al igual que el Gobierno de la nación, arrebatar a los padres la formación moral de sus hijos para arrogarse ellos ese derecho.”
José Carlos Muñoz
