Monseñor Martínez Camino dijo ayer unas cuantas verdades sobre la situación legal de la institución familiar en España. Efectivamente, disolver un matrimonio es en ocasiones más fácil que cambiar de compañía de teléfono. Si los cónyuges están de acuerdo, se pueden divorciar en tres meses. En caso de que no haya acuerdo, la cosa puede demorarse, pero en todo caso la facilidad para poner fin a una unión matrimonial es total. Basta con que una de las partes quiera divorciarse para que no haya manera de impedirlo. Con la particularidad de que en ocasiones, la parte que no está de acuerdo puede resultar la más perjudicada en la sentencia de divorcio. Lo he escrito otras veces y lo vuelvo a escribir. Conozco casos en que un/a adúltero/a ha conseguido echar de casa a su pareja para meter a la persona con la que cometía adulterio. O sea, quien rompe el contrato matrimonial no paga por ello. Todo esto con el apoyo de la ley.

Eso convierte al matrimonio civil en una gran farsa. No difiere gran cosa de las tan cacareadas uniones civiles, que también pueden ser disueltas en un abrir y cerrar de ojos. Le cuesta más a un jugador de fútbol salir de su club que a un cónyuge sinvergüenza poner fin su matrimonio. Quien es contratado por una empresa tiene más seguridad de que sus derechos se respeten a cualquier mujer que quiera ser repudiada por su marido -idem en el caso contrario-. Y eso, se quiera o no, deja a la institución familiar totalmente desprotegida. Es alucinante que aquello que es la esencia de la sociedad sea pisoteado desde la legislación.

En otros posts he sugerido que la Iglesia podría plantearse si tiene mucho sentido que los matrimonios canónicos tengan un efecto civil paralelo e inmediato. Es decir, dado que el matrimonio civil es basura, ¿no sería quizás mejor buscar que el marido y la mujer cristianos contrajeran un tipo de contrato personal que tuviera más protección jurídica que la farsa en que las leyes han convertido la institución familiar? No parece legalmente posible, pero sería una manera de manifestar el desacuerdo con una legislación que será todo lo democrática que se quiera, pero que a su vez es un atentado contra el bien común.

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El Partido Popular se ha lanzado este fin de semana a la carrera electoral de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Como siempre ocurre con este partido, hay un sector minoritario que hace las veces de tonto útil para atraer los votos de aquellos que creen en la necesidad de que los valores cristianos jueguen algún papel en lo que queda de esta nación llamada España.

Es decir, como bien recogemos en la información que publicamos sobre la convención pepera, Jaime Mayor Oreja ha soltado las típicas frasecitas calma-conciencias asegurando que la crisis que vive España está originada por la “pérdida de valores", que su partido quiere recuperar. Es más, el eurodiputado popular ha dicho que “ha llegado la hora de defender el derecho a la vida, porque no podemos seguir abrazados a la cultura de la muerte, que es lo que ha hecho el Partido Socialista durante todos esos años“.

Si don Jaime fuera el presidente del Partido Popular, a lo mejor nos creíamos que su partido tiene intención de verdad de defender el derecho a la vida. Digo a lo mejor porque mientras el señor Mayor Oreja fue ministro en los gobiernos de Aznar, no movió un solo músculo de su cuerpo para defender el derecho a la vida. Y claro, muchos estamos ya muy hartos de oír a políticos soltar grandes discursos que luego se quedan en nada.

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Don Gregorio Peces-Barba lleva mucho tiempo demostrándonos que entre sus diversas actividades profesionales se incluye la de “odiador” de la Iglesia Católica. Lo lleva en el ADN de su alma. No puede evitarlo. Y ello no tendría nada de particular si este personaje no hubiera sido, y supongo que lo sigue siendo, una referencia ética y moral para el actual presidente de gobierno, que llegó incluso a darle el cargo de Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, puesto desde el que, curiosamente, se dedicó a jorobar a un gran sector de dichas víctimas.

Si alguien duda de lo que busca el socialismo con la EpC, no tiene más que leer a Peces-Barba. Lo bueno de don Gregorio es que no se esconde. Dice lo que piensa y además de forma que todo el mundo le puede entender. Ahora bien, si uno repasa las intervenciones de Zapatero en torno a la cuestión educativa, se aprecia que es un alumno aventajado de quien, no lo olvidemos, es uno de los “siete padres de la Constitución española". Este último dato tiene más importancia de lo que pueda parecer, porque, debido al sistema político que nos hemos dado en las últimas décadas, ello le da una especie de plus de legitimidad “democrática” a sus opiniones.

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La Iglesia que peregrina en Barcelona lleva unos meses siendo una fuente inagotable de noticias. La visita del Papa para consagrar la Basílica de la Sagrada Familia en la Ciudad Condal abrió los telediarios y ocupó las portadas de los periódicos. El cardenal Sistach, como era de esperar, no dudó en conceder entrevistas y declaraciones antes y después de la llegada del Santo Padre.

Es decir, el arzobispo de Barcelona sabe que existen los medios de comunicación y los usa cuando lo cree oportuno. Lástima que no crea oportuno hacer uso de los mismos para ponerse al frente de la protesta por lo que está ocurriendo en la Universidad de Barcelona. Hasta donde yo sé, el cardenal Sistach no ha abierto la boca ante el avance del anticlericalismo más rampante en su diócesis. No ha salido en defensa de sus fieles, que ven como no sólo se les impide celebrar misa en una capilla universitaria sino que ahora encuentran dificultades hasta para entrar a la misma a rezar. Y uno se pregunta, ¿para qué quieren los fieles un pastor que no les defienda? ¿es que hace falta que se lo tengamos que pedir desde un blog? Y que no nos vengan diciendo que está llevando a cabo gestiones discretas y tal y cual. Ante la agresión pública a la fe, la fe ha de ser defendida públicamente. Ni siquiera le pedimos que envíe al canónigo y rector de su seminario, el P. Turull, con un megáfono en la mano a protestar ante el despacho del rector de la universidad. Nos valdría con que dijera algo en apoyo de la libertad de culto y de los católicos.

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Lo han conseguido. Ayer se celebró la última misa en la capilla de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, al menos hasta que no se pueda garantizar la seguridad de los fieles y la celebración de la liturgia sin el boicot de los estudiantes de izquierdas.

Estamos pues ante un nuevo ataque a la libertad religiosa en este país, ante un peldaño más en la escalera que lleva hacia la repetición de sucesos violentos en el pasado, del que fuimos víctimas los católicos españoles.

Es cierto que en la Universidad de Barcelona, y de paso en otras universidades españolas, la violencia de los grupos de extrema izquierda, verdaderos amos del cotarro, se produce no sólo contra los católicos. Esa gentuza ataca a todo lo que no sea conforme a su ideario totalitario, que en Cataluña suele ir acompañado de un componente separatista. Han agredido a políticos, boicoteado conferencias, etc. Todo ello con la complicidad más absoluta de los responsables universitarios, ya sea porque son unos cobardes o, simple y llanamente, porque ven en esos “jóvenes” aquello que ellos querrían seguir haciendo hoy.

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