Un testigo de Jehová argentino recupera 30 años después su nacionalidad, perdida por "insubordinación"

En 1983, mientras hacía servicio militar, un testigo de Jehová fue condenado por un tribunal militar a la “pérdida de su nacionalidad”. Desde entonces, vivió sin país de origen. En mayo de este año, la Justicia Federal lo reincorporó al Registro Nacional de las Personas. Lo cuenta Rolando López en el diario argentino Los Andes.

¿Se puede vivir sin CUIL (Código de Único Identificación Laboral)? Sí, pero se complica para ser cuentapropista. ¿Se puede vivir sin dinero? Es horrible pero sí. ¿Se puede vivir sin votar? A veces es hasta más cómodo. ¿Se puede vivir sin nacionalidad? Es mucho más difícil todavía porque eso abarca, por caso, vivir sin CUIL, con poco dinero y sin la posibilidad de votar ni ser votado.

El hecho de haber pasado más de treinta años sin tener nacionalidad lo padeció el mendocino Ramón Carmelo Ortiz (49 años), quien en 1983 resultó condenado por un tribunal militar a seis años de prisión más el accesorio de la pérdida de la nacionalidad. ¿Su delito? Ser testigo de Jehová. Todo esto ocurrió mientras hacía el servicio militar obligatorio en Buenos Aires.

Ahora, la Justicia Federal de Entre Ríos falló a favor de que el mendocino Ortiz pueda volver a ser argentino. Durante tres décadas, el hombre no pudo hacer valer sus derechos cívicos fundamentales como votar, acceder a un CUIL (lo que le impedía trabajar en blanco), salir libremente del país y acceder a un cargo público, entre muchas otras prohibiciones.

El calvario de este adepto tímido y de perfil muy bajo comenzó en 1982 cuando ya siendo testigo de Jehová fue a cumplir con el servicio militar obligatorio al Centro de Incorporación de Infantería Pereyra Iraola en Villa Elisa (Buenos Aires).

A juicio por insubordinación

Una vez allá, el mendocino indicó que sus creencias le impedían portar armas y formar parte de una organización militar y manifestó que las banderas le daban igual. Los militares de entonces lo apartaron del regimiento -junto con cinco chicos más- y lo acusaron del delito de “insubordinación”, en sintonía con la ley 14.029, Código de Justicia Militar (véase debajo de la noticia). En un juicio sumario y castrense en el que los jueces, los fiscales y hasta su abogado defensor eran militares, Ortiz resultó condenado a seis años de prisión con el anexo de que, además, perdiera su nacionalidad “de manera absoluta y perpetua”.

“Si no va a saludar a la bandera argentina, no va a saludar a ninguna”, escuchó en el debate. Entonces se envió un exhorto al Registro Nacional de las Personas en el que se indicaba a las autoridades pertinentes que Ortiz carecía de nacionalidad. El joven mendocino tuvo que pasar tres años y medio en el penal de Magdalena en calidad de preso común y salió en libertad el 15 de julio de 1986. “Era prácticamente un Don Nadie. Tenía nombre pero no país de origen”, recuerda su abogado patrocinante, Ariel Benavídez.

Durante el juicio que duró siete días, Ortiz tuvo que padecer sutilezas militares como ver que altos mandos del ejército miraban revistas pornográficas en medio del debate y que luego le dijeran, mostrándole las páginas: “Esto te va a pasar en la cárcel cuando estés detenido”.
Durante el gobierno de facto, muchos testigos de Jehová fueron condenados por “insubordinación agravada”. En esas sentencias -con penas de 3 a 7 años de cárcel efectiva- se leían los pareceres religiosos del Vicariato Castrense.

“Esta increíble secta impide a los ‘Testigos…’ vestir uniforme y usar armas, prohíbe donar sangre, reconocer Patria, Autoridad y Bandera (en mayúsculas en el original), lo que demuestra su inhumanidad y peligrosidad” (cita textual asentada en fallos dictados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas).

Presentación judicial

Entre 1986 -ya en libertad- y 2008 Ortiz vivió en un limbo de identidad: increíblemente no tenía nacionalidad y si bien eso (la noción de Nación), es algo que los testigos de Jehová no le dan demasiada importancia, el hombre tomó conciencia de que no podía vivir tranquilo si no conseguía un país, “ya que ni siquiera podía pedir trabajo legal, porque ni siquiera figuraba en el padrón electoral”, según explica Benavídez.

Entonces en 2008 Ortiz dejó de lado su extrema timidez y su perfil subterráneo y dejó su finca de Tunuyán donde vivía de lo que cultivaba y se entrevistó con el abogado para volver a tener un país de origen. A mediados de ese año, el abogado Benavídez hizo una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos (por entonces comandada por el fallecido Eduardo Luis Duhalde) donde se solicitó para Ortiz la rehabilitación de su nacionalidad.

En sus consideraciones, el letrado puso de manifiesto que la condena militar que recibió su defendido estaba caducada en la ley 23.059 que en sus artículos 3 y 4 declaraba inválidas las pérdidas de nacionalidad dispuestas en cumplimiento de las leyes de facto. Y que por un decreto de Alfonsín, “todas esas personas deberían ser incluidas nuevamente en el Registro de las Personas”.

Los oficios presentados por aquellos años no surtieron efecto ya que muchos documentos del gobierno militar en los que se llevaban a cabo adefesios jurídicos como éste fueron incinerados antes de que la dictadura entregara el poder en diciembre de 1983. “Era imposible dar con pruebas escritas”, aclara Benavídez.

Por fin

Con el paso lento de la Justicia -acompañado por un demandante de perfil bajo y tímido en extremo- el expediente Ortiz fue a parar al despacho del juez federal local, Walter Bento. Pero en 2009, el mendocino tuvo que mudarse a Entre Ríos ya que su mujer -también testigo de Jehová- debió ser internada en un hospital de aquella provincia. Ortiz se fue hasta allá para acompañarla y fijó su domicilio en Entre Ríos. Ergo, Bento se declaró incompetente por una cuestión de jurisdicción y el expediente recaló en el juzgado federal del magistrado entrerriano, Leandro Ríos.

El 14 de mayo de 2013, más de 30 años después de aquel 1 de febrero de 1983 (cuando fue condenado), Ortiz aparece nuevamente como persona con nacionalidad en todos los registros nacionales, a partir de lo resuelto por el juez Ríos. Así es que hace menos de dos meses, Ortiz vive con nacionalidad después de tres décadas en un limbo de identidad patriótica. Ahora puede votar, puede sacarse el CUIL, puede salir del país y, si abandona su timidez y su perfil bajo -prefirió no hacer declaraciones a este diario-, hacerse un tremendo viaje cuando cobre el suculento juicio civil que tiene en mente iniciar por haber sido condenado por un hecho delirante, injusto.

El Código de Justicia Militar (*)

14.029, Capítulo III - Insubordinación

Artículo 667. Será reprimido con prisión hasta cuatro años o con sanción disciplinaria el militar que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a una orden del servicio que le fuere impartida por un superior. Si el hecho se produjere frente al enemigo, la pena será de muerte o de reclusión por tiempo indeterminado.

Artículo 668. Si los hechos previstos en el artículo anterior se produjeren en circunstancias de peligro inminente, tales como incendio, naufragio u otros semejantes, la pena será de prisión mayor o reclusión hasta 12 años.

Artículo 668 bis En los casos de los dos artículos anteriores en que el tribunal impusiere las penas de reclusión o prisión, podrá además aplicar la de inhabilitación absoluta perpetua cuando sus autores revelen una posición genérica de rebeldía al cumplimiento de deberes inherentes a la nacionalidad.

Cuando se aplicare inhabilitación absoluta perpetua la condena entrañará la destitución para el personal del cuadro permanente; en igual situación, el personal de conscriptos perderá todos los derechos que tuviere contra el Estado por servicios prestados en su calidad de individuos de las Fuerzas Armadas.

(*) Este Código fue derogado en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.