(ACI Prensa/InfoCatólica) Apenas unos meses después de que Noelia Castillo, de 25 años, muriera por eutanasia tras una prolongada y muy mediática batalla legal, el Congreso de los Diputados de España comenzó a debatir el 11 de junio un proyecto de ley que limitaría drásticamente la revisión judicial en futuros casos de eutanasia.
La legislación propuesta tramitaría por vía rápida las solicitudes de eutanasia, permitiendo una única vista en un tribunal inferior antes de que la decisión pudiera recurrirse únicamente ante el Tribunal Constitucional, reduciendo así las posibilidades de impugnaciones legales prolongadas. La votación para tomar en consideración la propuesta, impulsada por el Parlamento autonómico catalán, tuvo lugar apenas tres días después de que los miembros de ambas cámaras dedicaran una ovación de pie de siete minutos al Papa León XIV, quien en su histórico discurso preguntó: «Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?».
Coincidiendo con esta iniciativa legislativa, la Fundación Abogados Cristianos difundió un vídeo con el padre de Noelia Castillo, la joven a la que se practicó la eutanasia el 23 de marzo tras una batalla legal de dos años encabezada por su padre, Javier Castillo.
«Se ha cometido una injusticia con Noelia»
Fuentes de la fundación indicaron a ACI Prensa que esta es la «primera y única» vez que Castillo hará una declaración pública, ya que, desde que el caso de su hija se hizo conocido e incluso tras su muerte, no se había pronunciado. «Se ha cometido una injusticia con Noelia», declaró Castillo, que subrayó que «se podrían haber destinado más recursos» a tratar sus dolencias psicológicas y psiquiátricas. En cambio, afirmó que el Estado fue «muy eficiente» a la hora de administrar la eutanasia, esencialmente «para quitarse el problema de encima».
En su opinión, Noelia logró convencer a los médicos de que su caso cumplía los criterios establecidos en la ley de eutanasia aprobada en 2022: «Los engañó de manera muy eficaz, y ellos se dejaron engañar», dijo Castillo, que sostuvo además que la evaluación de los casos de eutanasia debería incluir la perspectiva de los padres. Lamentó que, cuando se encontraba en la habitación de Noelia antes de su muerte y llegaron los miembros de la Comisión de Garantías prevista en la ley, «me echaron de la habitación» y no le facilitaron información cuando la pidió.
Nadie en la familia quería la eutanasia para ella
Al recordar la muerte de su hija, Castillo rompió a llorar y, embargado por la emoción, dijo: «Pude verla en la caja, me despedí de ella y aquí la tengo», señalando su cabeza para indicar que la recordará siempre. «Sería el hombre más feliz del mundo si ella hubiera querido seguir viviendo conmigo y si hubiera podido seguir cuidándola hasta el día de mi muerte», expresó, lamentando que, en cuanto decidió poner el caso en manos de la Fundación Abogados Cristianos, su hija decidió apartarlo. «En el momento en que vio que su padre se oponía, que yo intentaba detener la eutanasia, me cortó por completo, aunque hasta entonces había estado con ella todos los días de la semana», relató.
«Hasta el último momento, ninguno de la familia perdimos la esperanza… ni uno solo», dijo. «Ni la madre, ni el padre, ni las hermanas queríamos la eutanasia; cada uno, a su manera y con su propia vida, intentó evitar que esto sucediera». Tras la muerte de Noelia, Castillo reconoció tener sentimientos encontrados: «Impotente, como un fracaso. Perdimos, y sin embargo ganamos». Expresó su convicción de que «mi hija está ahora en el cielo», al tiempo que reconoció que la batalla legal «me dio dos años de vida de mi hija. Dos años. ¿Saben lo que significan dos años de vida? Mucho. Toda una vida».
Un procedimiento «por vía rápida»
La propuesta legislativa tomada en consideración el 11 de junio pretende imponer un procedimiento «por vía rápida» para los recursos en los casos de eutanasia. Además, según el texto, dichos recursos solo podrían presentarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente, evitando así los juzgados de primera instancia y las audiencias provinciales. El proceso de recurso se sustanciaría en un único tribunal, sin derecho a apelación, salvo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un tipo de recurso que, según la propia exposición de motivos del proyecto, se rechaza en el 98 % de los casos.
