(InfoCatólica) Un acto organizado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) en la Fundación Pablo VI para pedir perdón a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución franquista que internó a miles de jóvenes españolas, fue interrumpido por un grupo de mujeres al frente de las cuales estaba Montero.
Cabe señalar que dicha institución se mantuvo años después de la llegada de la democracia en España. Finalizó oficialmente en agosto de 1985, cuando fue suprimido como organismo autónomo mediante un real decreto. Sus competencias en materia de protección a la mujer fueron transferidas a las comunidades autónomas, y en algunos casos, como en Andalucía, los centros continuaron operando bajo nueva gestión hasta 1988, cuando se cerró el último, la Residencia Guadalquivir.
Las mujeres del no
El evento, al que asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no pudo clausurarse debido a los gritos de «verdad, justicia y reparación» y «ni olvido, ni perdón» de decenas de mujeres, que mostraron pancartas con la palabra «No».
El Patronato, que gestionaba centros religiosos para «proteger y educar» a mujeres consideradas «descarriadas» (como madres solteras, hijas de delincuentes o menores rebeldes), fue acusado de vejaciones, trabajos forzados, violencia física y psicológica, y sustracción de bebés. Sobrevivientes como Consuelo García del Cid, de 66 años, relataron experiencias de humillaciones, hambre y abusos, incluyendo intentos de robo de sus hijos. Otras, como Leire, denunciaron violaciones sufridas en los centros, y Micaela Ortiz recordó duchas frías y comida en mal estado.
El presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, reconoció las «duras y dolorosas» experiencias de las víctimas y pidió perdón, admitiendo que el Patronato funcionó como un mecanismo de represión. Representantes de congregaciones religiosas, como Carmen Ortega de las Oblatas del Santísimo Redentor, también expresaron su arrepentimiento.
Irene Montero, presente en primera fila junto a la periodista Cristina Fallarás, exigió antes del acto que el Gobierno y la Iglesia entreguen todos los archivos del Patronato y anunció que Podemos registrará una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer los hechos. También reclamó una ley sobre bebés robados y reparación integral para las víctimas. Montero denunció que el Patronato fue una herramienta de represión con «vulneraciones sistemáticas de derechos humanos».
Ana Redondo pero abandonó el lugar tras las protestas. Posteriormente, fuentes del Ministerio preguntaron por qué Montero no había recibido a las víctimas durante su mandato.
La ley de Montero
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la "ley del solo sí es sí", promovida por Irene Montero, entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta noviembre de 2023, esta ley resultó en la reducción de penas de 1.233 agresores sexuales, de los cuales 126 fueron excarcelados. Estas cifras reflejan revisiones de condenas en diversos tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Cabe destacar que no todos los casos de excarcelación implicaron la liberación inmediata, ya que algunos condenados tenían otras penas pendientes. Los datos podrían ser mayores, ya que no incluyen revisiones de juzgados de lo penal para delitos con penas de hasta cinco años.
La Iglesia se presta al juego
Este es un ejemplo más de cómo la Iglesia en España sigue el guión de aquellos que pretenden aniquilar su prestigio resucitando la memoria del franquismo cuando ha pasado ya medio siglo desde que murió Francisco Franco. Esos mismos que vejan a la Iglesia miran para otro lado ante hechos de hoy en día como los abusos, violaciones y proxenitismo entre menores que están al cuidado de centros de acogida públicos.
Esa actitud de colaboración se ha visto también en toda la actuación de la CEE en torno a los casos de abusos sexuales en ámbitos eclesiales, que siguen siendo un instrumento de ataque a la Iglesia a pesar de que ella es la institución que, reconociendo los errores pasados, más ha hecho, por no decir que la única que ha hecho algo, para prevenir y atajar de raíz ese tipo de conductas criminales.
