(Crux/InfoCatólica) El arzobispo John Sherrington, de Liverpool, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos del Reino Unido para que contacten con sus representantes en el Parlamento y les pidan que voten en contra del proyecto de ley que pretende legalizar el suicidio asistido por médicos.
Sherrington, quien actúa como obispo responsable de los asuntos de vida en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, se refiere al proyecto de ley presentado por la diputada laborista Kim Leadbeater, titulado «Ley para adultos con enfermedades terminales (fin de la vida)». La votación decisiva en la Cámara de los Comunes está prevista para el 13 o el 20 de junio.
Actualmente, tanto la eutanasia como el suicidio asistido son ilegales en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, siendo considerados homicidio o asesinato. En Escocia, aunque no existe legislación específica, las personas implicadas pueden ser procesadas por asesinato. El proyecto de Leadbeater permitiría a adultos mayores de 18 años, con enfermedades terminales, solicitar asistencia médica para suicidarse.
«Los obispos católicos de Inglaterra y Gales se oponen a este proyecto de ley erróneo tanto en principio como en la práctica», declaró Sherrington.
«Esta legislación obligaría a muchos hospicios y residencias a facilitar el suicidio asistido, lo que pondría en peligro su capacidad de ofrecer cuidados. El Parlamento ha rechazado una enmienda que habría permitido a estas instituciones optar por no participar», añadió.
Asimismo, el arzobispo alertó que «las disposiciones para la objeción de conciencia de los trabajadores sanitarios y sociales son ambiguas e insuficientes. Este problema no se resuelve con las enmiendas propuestas».
«Las salvaguardias contra la coacción a los más vulnerables son totalmente inadecuadas, especialmente en casos de control coercitivo o presión social», continuó Sherrington.
Durante la fase en comisión, la principal promotora del proyecto no pudo confirmar si las personas que soliciten el suicidio asistido por razones económicas o por sentirse una carga serían excluidas. «Desde entonces no ha habido avances, y muchos diputados consideran que las garantías actuales son insuficientes, con el riesgo de provocar una “terrible tragedia”», subrayó el prelado.
Sherrington también señaló la oposición de entidades profesionales como el Real Colegio de Psiquiatras, cuyos miembros se verían implicados en evaluar a quienes opten por el suicidio asistido.
Varios parlamentarios que apoyaron el proyecto en lecturas anteriores han indicado que no repetirán su voto a favor. El tema se someterá a «voto libre», es decir, los diputados no están obligados a seguir la postura de sus partidos.
El diputado liberal demócrata Brian Mathew expresó al Daily Mail su preocupación por los enfermos terminales que podrían sentirse «una carga para sus familias», afirmando: «Comparto la inquietud de muchos electores sobre que algunos decidan en función de esa percepción».
Por su parte, la secretaria de Justicia del Reino Unido, Shabana Mahmood, criticó la falta de tiempo para examinar adecuadamente el proyecto. «Las implicaciones son enormes y el debate ha sido limitado… No creo que sea lo correcto», declaró a The Times.
Mahmood añadió que «este proceso ha demostrado las limitaciones de los proyectos de ley privados como vehículo para cambios sociales de tan amplio alcance». Ella ya había votado en contra en ocasiones anteriores.
Catherine Robinson, portavoz de Right To Life UK, afirmó: «Ya no cabe duda de que la marea ha cambiado en contra de este peligroso proyecto de ley, pues muchos diputados han reconsiderado su posición desde la segunda lectura».
«Aún queda mucho trabajo por hacer de aquí a la tercera lectura. Es fundamental seguir contactando a los diputados para destacar los defectos y la inviabilidad del proyecto. No obstante, estamos avanzando con fuerza y podemos lograrlo», aseguró.
Los obispos católicos comparten estas preocupaciones. «Ya hemos visto cómo el proyecto se ha debilitado durante su paso por la comisión. Además, se espera que los diputados debatan cerca de 60 páginas de enmiendas en menos de 15 horas. Todo el proceso es insuficiente para un cambio tan radical», lamentó Sherrington.
«Instamos a los católicos, y a todas las personas de buena voluntad, a contactar con sus diputados y pedirles que voten en contra de este proyecto. También les pedimos que recen para que nuestros representantes opten por proteger a los ciudadanos más vulnerables de este país cuando llegue el momento de la votación», concluyó el arzobispo.
