(Die-Tagespost/InfoCatólica) «México es actualmente el lugar más peligroso del mundo para los sacerdotes católicos. Los cárteles de la droga no toleran ninguna resistencia, especialmente la que proviene del clero», advierte Robert Royal, director del Faith & Reason Institute en Washington, en su libro recientemente publicado «Los mártires del nuevo milenio». El balance de los últimos 18 años es estremecedor: más de 80 sacerdotes asesinados, una cifra sin precedentes incluso para un país azotado por la violencia del narcotráfico.
El padre Omar Sotelo, del Centro Católico Multimedial (CCM), calificó esta situación como una «intimidación agresiva y sistemática» durante un foro sobre libertad religiosa celebrado en febrero de 2025 en Washington. Las cifras que presentó son alarmantes: solo en 2024 se registraron 850 casos de extorsión y amenazas de muerte contra sacerdotes, además de ataques contra 26 iglesias cada semana en todo el país.
En abril de 2024, la desaparición del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de 78 años, conmocionó a la opinión pública. El prelado de Chilpancingo-Chilapa (2015-2022) estuvo desaparecido durante 48 horas y fue hallado en un hospital de Cuernavaca visiblemente afectado. Según medios locales, fue maltratado y drogado por desconocidos. Durante su ministerio, se había hecho conocido por entablar negociaciones directas con los cárteles para evitar derramamientos de sangre. «Asumo las tareas que el gobierno no quiere enfrentar», declaró entonces.
Otro caso ilustrativo fue el secuestro del padre Jesús Yovani Gómez Cruz en abril de 2025, en el estado de Sinaloa. El sacerdote fue liberado posteriormente, aunque las circunstancias de su rapto no se han esclarecido. El obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, expresó: «Ante los hechos dolorosos de los últimos días, el secuestro violento del padre Yovani por desconocidos, damos gracias al Señor por su regreso con vida».
Uno de los crímenes que causó mayor indignación en México y el extranjero fue el asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales (79) y Joaquín César Mora Salazar (80), en junio de 2022, en Chihuahua. Fueron abatidos dentro de una iglesia mientras ofrecían refugio a un hombre perseguido por un capo local. Ambos religiosos llevaban décadas sirviendo en la Sierra Tarahumara. La oficina de derechos humanos de la ONU en México calificó el hecho como «un espejo aleccionador de la violencia extrema y vulnerabilidad» en amplias zonas del país.
En octubre de 2024, el padre Marcelo Pérez, indígena y defensor de los derechos humanos, fue asesinado en Chiapas, presuntamente por bandas criminales. Su labor en favor de los pueblos originarios lo había colocado bajo protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no logró evitar su muerte. La diócesis de San Cristóbal exigió entonces el fin de la «criminalización» del clero: «La estigmatización y persecución de sacerdotes, misioneros, religiosos y defensores de derechos humanos debe cesar».
El padre José Filiberto Velázquez Florencio, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, también ha sido blanco de amenazas de muerte. Dirige el Centro Minerva Bello para los derechos de las víctimas de violencia. En 2021 fue secuestrado mientras se preparaba para celebrar misa; los pobladores negociaron su liberación. En 2023, fue atacado a balazos en la sierra cuando dos hombres dispararon desde una motocicleta contra su vehículo. «Este ataque fue una clara advertencia de que querían que me callara, que no denunciara, que no predicara ni ayudara más», afirmó.
En entrevista con el diario Tagespost, explicó: «Nuestro trabajo se desarrolla en un entorno dominado por grupos armados, narcotráfico y corrupción. La connivencia de las instituciones judiciales y de seguridad con estructuras criminales alimenta la impunidad. Nuestro compromiso con las víctimas nos convierte en blancos permanentes; es un equilibrio constante entre vocación y autoprotección».
A pesar del clima de inseguridad, se vislumbran señales de mejora. En marzo de 2025, las autoridades descubrieron en Jalisco un «centro de exterminio» con crematorios secretos y áreas de entrenamiento criminal. Los obispos respondieron con una declaración contundente: «Una de las expresiones más crueles de maldad y miseria humanas que hemos presenciado en nuestro país». El 13 de marzo, convocaron a rezar por los desaparecidos y pidieron terminar con la complicidad entre política y crimen organizado.
Desde la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, se han producido intentos de diálogo con la Iglesia. A diferencia de su predecesor, Sheinbaum ha promovido una agenda nacional de paz y ha reforzado la presencia del Estado en zonas vulnerables como Guerrero y Chiapas.
«El gobierno reconoce el papel mediador de la Iglesia», señala el padre Fili. En su llamado de Cuaresma, los obispos mexicanos reafirmaron su compromiso: «Ser la voz de los que no tienen voz y contribuir incansablemente a la construcción de un país donde prevalezcan la justicia, la verdad y el respeto absoluto por la dignidad humana». No obstante, el camino hacia una seguridad auténtica aún es largo.
