(LSN/InfoCatólica) Marlean Ames trabajaba para el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio desde 2004. En 2019, el organismo entrevistó a Ames para un nuevo puesto directivo, pero finalmente contrató a una mujer lesbiana.
Pocos días después, el organismo degradó a Ames de su puesto como administradora de programas y contrató a un hombre homosexual para ocupar ese cargo, lo que supuso para ella una importante reducción salarial.
Ames presentó una demanda contra el organismo en virtud del Título VII, alegando que se le negó tanto el ascenso como se le degradó por su condición de heterosexual.
El Título VII prohíbe a los empleadores discriminar a los trabajadores por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional.
El caso de Ames llegó a la Corte Suprema después de que un juzgado de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito fallaran y confirmaran a favor del organismo estatal.
La sentencia de la Corte Suprema tendrá un amplio alcance, ya que hasta ahora se exigía a las personas que no pertenecen a colectivos minoritarios —en este caso, quienes no se identifican como «LGBTQ+»— una carga de prueba más estricta para poder demostrar que habían sido víctimas de discriminación inversa.
Todos los magistrados están de acuerdo
En nombre del tribunal, la magistrada progresista Ketanji Brown Jackson coincidió con la afirmación de Ames de que es inconstitucional aplicar criterios distintos a diferentes grupos de personas.
«El Congreso no dejó margen para que los tribunales impusieran requisitos especiales únicamente a los demandantes pertenecientes al grupo mayoritario», escribió Jackson. «Concluimos que el Título VII no impone un estándar más estricto a los demandantes del grupo mayoritario».
En una opinión concurrente separada, a la que se sumó el juez Neil Gorsuch, el juez Clarence Thomas concluyó que las decisiones de los tribunales inferiores contra Ames se basan en «normas jurídicas creadas por jueces» que «tienden a generar complejidad, confusión y resultados erróneos».
Thomas afirmó que cree que algunos de los «empleadores más grandes y prestigiosos del país han discriminado abiertamente a quienes consideran miembros de los llamados grupos mayoritarios. Desde hace tiempo, los empleadores estadounidenses están “obsesionados” con las iniciativas de “diversidad, equidad e inclusión” y con los planes de acción positiva».
Según Associated Press, «la decisión de los jueces afecta a demandas en 20 estados y en el Distrito de Columbia, donde, hasta ahora, los tribunales exigían un umbral de prueba más alto cuando los demandantes pertenecían a un grupo mayoritario, incluidos los blancos y heterosexuales».
