(InfoCatólica) El estado de Washington (Estados Unidos) ha aprobado una de las leyes más estrictas del país en lo que respecta al deber de denuncia del clero ante posibles casos de abuso infantil. La nueva legislación, identificada como SB 5375, fue firmada por el gobernador Bob Ferguson el pasado 2 de mayo y establece que cualquier miembro del clero deberá informar a las autoridades si tiene motivos razonables para sospechar que un menor ha sido víctima de abuso o negligencia. Esta obligación se extiende incluso cuando la información haya sido obtenida en el contexto de una confesión sacramental o cualquier otra forma de comunicación espiritual confidencial.
La ley entrará en vigor el próximo 26 de julio y pone fin a una exención que, hasta ahora, permitía a sacerdotes y otros líderes religiosos abstenerse de comunicar este tipo de hechos cuando les eran revelados bajo secreto confesional. Con esta modificación, Washington se convierte en uno de los pocos estados del país que no reconoce ninguna forma de privilegio clero-penitente a efectos de denuncia obligatoria.
Según el nuevo texto legal, la comunicación con las autoridades deberá realizarse «en cuanto sea posible», y en ningún caso más allá de 48 horas desde que surja la sospecha fundada. El incumplimiento de esta norma se considerará un delito menor grave, lo que puede conllevar penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 5.000 dólares.
La legislación fue impulsada por la senadora demócrata Noel Frame, natural de Seattle y superviviente de abuso sexual infantil. Frame defendió que el objetivo de la norma es cerrar una peligrosa laguna legal que, en su opinión, permitía a determinadas instituciones religiosas encubrir situaciones de abuso sin repercusión legal. La parlamentaria recordó que reportajes de investigación recientes, centrados en los Testigos de Jehová y otras comunidades religiosas, pusieron de manifiesto casos de abusos que no fueron denunciados por haber sido conocidos exclusivamente en el ámbito de la confesión.
El proyecto de ley fue aprobado tras años de debates legislativos infructuosos y varias propuestas fallidas. Versiones anteriores planteaban excepciones para preservar el secreto de confesión o fórmulas de compromiso como el «deber de advertencia», que tampoco prosperaron. Finalmente, la versión adoptada en 2025 optó por eliminar por completo cualquier exención al deber de denuncia.
La Iglesia se opone
La reacción de la Iglesia Católica ha sido especialmente crítica. El obispo Thomas Daly, de la diócesis de Spokane, aseguró que ningún sacerdote puede quebrantar el sigilo sacramental, ni siquiera bajo amenaza de prisión. Por su parte, la Conferencia Católica del Estado de Washington ha expresado su rechazo a la nueva norma, argumentando que vulnera el derecho constitucional al libre ejercicio de la religión garantizado por la Primera Enmienda. Según el Derecho Canónico, el secreto de confesión es absoluto e inviolable, y su violación conlleva la excomunión automática.
Cárcel o excomunión
Los detractores sostienen que esta ley pone a los sacerdotes en una situación imposible: obedecer la ley del Estado y arriesgarse a ser excomulgados, o mantenerse fieles a su compromiso religioso y enfrentar consecuencias penales. Además, alertan de que esta obligación podría desincentivar la confesión y dificultar la labor pastoral, sin que ello garantice un aumento real en los niveles de protección infantil.
Argumento absurdo de los defensores
En cambio, los defensores de la ley subrayan que los líderes religiosos ocupan posiciones de confianza similares a las de maestros, médicos o trabajadores sociales, todos ellos obligados legalmente a reportar sospechas de abuso. Argumentan que permitir excepciones para el clero supone una desigualdad ante la ley y favorece entornos opacos que pueden propiciar el encubrimiento. La realidad es que ningunas de esas profesiones están protegidas por la Primera enmienda. Y en el caso de los abogados, el attorney-client privilege protege las comunicaciones confidenciales entre el abogado y el cliente con el propósito de obtener asesoramiento legal. Esto significa que el abogado no puede revelar lo que el cliente le haya dicho, ni puede ser obligado a testificar sobre ello, mientras esa comunicación esté protegida por el privilegio.
Desde el ámbito jurídico, algunos expertos han señalado que, aunque la nueva ley obliga al clero a reportar sospechas, no elimina necesariamente el privilegio de no testificar en un juicio sobre lo confesado, según se desprende de la legislación estatal vigente. Esta distinción podría ser clave en eventuales impugnaciones judiciales.
Acabará en la Corte Suprema
En el contexto nacional, la decisión de Washington marca un giro notable. Hasta ahora, el estado ni siquiera incluía expresamente al clero entre los profesionales con obligación de denuncia. Tras la aprobación de la SB 5375, se sitúa entre el reducido grupo de territorios —como Texas, Oklahoma o Rhode Island— que imponen este deber sin reconocer exenciones confesionales.
Aunque el gobernador Ferguson, católico practicante, ha manifestado su respeto por la confesión —recordando que su propio tío fue sacerdote jesuita—, defendió la ley como una medida «directa y necesaria» para priorizar la seguridad de los menores. Todo apunta a que el debate legal y moral en torno a esta medida se prolongará en los tribunales, llegando finalmente a la Corte Suprema
