(EEL/InfoCatólicaTras las citadas resoluciones del Supremo se han dictado 48 sentencias favorables a los objetores: 2 de ellas en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza y 46 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas últimas sentencias eximen a 88 alumnos de cursar EpC. Además, se han presentado 7 denuncias de libros de texto de EpC y 1 recurso judicial por adoctrinamiento en la escuela.
«Independientemente de los datos», concluyó Martínez, «la realidad es que estas asignaturas han abierto un conflicto y cuentan con la oposición de muchos padres. Si no, no se puede entender la cantidad de recursos, sentencias y jurisprudencia que ha generado. Y esto no ha acabado, como demuestran las recientes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».
Por su parte, Inmaculada López, de Segovia por una Educación en Libertad y secretaria de la Federación, presentó la nueva Federación de Padres, explicando que nace de la voluntad de más de 70 plataformas que representan a más de 50 mil objetores a EpC. La nueva entidad está presente en todo el territorio nacional y es fruto, en palabras de Inmaculada López, de «una movilización social sin precedentes causada por la imposición de un conjunto de asignaturas que implican una vulneración de la libertad religiosa e ideológica y de los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos».
Sin embargo, ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD nace con voluntad de permanencia, más allá del conflicto de EpC. «Queremos que esta movilización cívica sirva para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afectan a sus hijos. Después de la polémica de EpC, el debate educativo no puede seguir siendo monopolizado por los partidos políticos y las administraciones educativas, a menudo indiferentes a los derechos de los padres en materia de educación y libertades fundamentales».
Inmaculada López indicó que hasta ahora las diversas plataformas de padres objetores a EpC han solicitado entrevista al ministro de Educación. «Hoy reiteramos, ya como Federación Nacional, la necesidad de sentarnos con carácter urgente con D. Ángel Gabilondo en calidad de interlocutores con representación en todas las comunidades autónomas. Somos nosotros los que ostentamos la representación real de la mayor parte de padres objetores, son nuestros hijos los que cada día están expuestos a esta materia y conocemos de primera mano lo que se imparte en la misma, los materiales y páginas web recomendadas por el Ministerio y las distintas Consejerías de Educación. Por todo esto, no aceptaremos que otras personas, entidades o instituciones decidan en nombre de los padres objetores», aseguró.
Finalmente, López mostró su satisfacción por la actitud de respeto que ha mostrado Gabilondo respecto a los objetores a EpC y ha asegurado que por parte de Educa en Libertad también hay voluntad de resolver el conflicto de manera dialogada aunque ha aclarado que el problema lo ha causado el Ministerio con la imposición unilateral de estas asignaturas y su incapacidad para dialogar». Sin embargo, antes de sentarse con el Ministro de Educación, Inmaculada López dejó claras dos premisas que ha calificado de irrenunciables:
1. La primacía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, tal y como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se trata de que la escuela ayude a los padres en esta tarea pero no pretenda suplantarlos.
2. Aunque creemos que la mejor solución sería retirar las actuales asignaturas de EpC y abrir un debate real sobre cómo abordar la educación cívica y en valores, no nos oponemos a que exista unas asignaturas obligatorias de formación cívica siempre y cuando respeten los derechos de los padres y no pretendan adoctrinar imponiendo de manera obligatoria una determinada visión de la vida y la persona.
En todo caso, los representantes de ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD han confirmado que seguirán promoviendo la objeción de conciencia a EpC entre los padres porque es el único instrumento constitucional que les permite defenderse de una norma que vulnera sus derechos.