(EP y El Correo) Recientemente, la titularidad del colegio 'Albaydar' de Sevilla ha presentado recurso de súplica contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechaza las medidas cautelares solicitadas para frenar la orden de la administración, según señaló a Europa Press la portavoz de la plataforma, Gemma García.
Este recurso también ha sido presentado por los otros colegios afectados, los adscritos a las Hermanas de la Cruz, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio 'Ribamar' y las Escuelas Familiares Agrarias 'Elcható' de Brenes (Sevilla), 'El Molino Azul' de Lora del Río (Sevilla), 'Yucatal' de Posadas (Córdoba), y 'Torrealba' de Almodóvar del Río (Córdoba).
García recuerda que a este tipo de colegios acuden alumnos de «diferentes sectores sociales» y tienen una gran demanda. Asimismo, ha declarado que «sólo quieren que se respete su libertad» y que se oiga la «voz» de los padres, que piden a la administración pública andaluza que garantice y defienda el derecho a decidir, «tal como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española». Con la retirada de los conciertos «se impedirá que miles de alumnos puedan acceder a estos colegios, convirtiendo la educación en elitista», asegura.
Asimismo, García ha incidido en que la educación diferenciada «tiene perfecta cabida en nuestro ordenamiento jurídico, es legal y no discriminatoria». Por otro lado, el colectivo sabe que la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) podría «zanjar» este asunto, «pero con la organización del curso 2013/2014, tal como se ha planteado en estos centros, ya se han empezado a producir daños irreparables, debido a que hay padres que tienen que buscar otro centros porque no puedan matricular a sus hijos en los que hasta ahora han sido de educación».
La plataforma tiene una reivindicación concreta que se basa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que ha reconocido el derecho de los centros de educación diferenciada a la financiación con fondos públicos. De igual modo, han pedido que desde el Ministerio de Educación «se tomen las medidas oportunas a fin de instar a la consejera al cumplimiento de la Ley de Presupuestos», ha afirmado García.
Ni la educación diferenciada ni la mixta son per sé discriminatorias
En el País Vasco, por su parte, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, aseguró ayer que el Gobierno vasco mantendrá los conciertos económicos con los centros que educan a los alumnos de forma separada por sexos porque «cumplen con la normativa vigente» y tienen «todo el derecho a recibir financiación pública». Uriarte respondía así al ser preguntada en comisión por la parlamentaria de EH Bildu Belén Arrondo sobre el criterio del Ejecutivo respecto a mantener la financiación a los cinco colegios con enseñanza diferenciada en Euskadi.
«Entendemos que y deciden», argumentó la consejera, quien también dijo que «ni la educación estos centros ofrecen una alternativa educativa y que son los padres y madres quienes tienen la opcióndiferenciada ni la mixta son 'per sé' discriminatorias». Resaltó, además, que su departamento no tiene constancia de que haya habido reclamación alguna por parte de progenitores o tutores de alumnos que habiendo pretendido escolarizar a sus hijos en un centro privado concertado en la comunidad hayan visto denegada su admisión por razón de sexo