(Efe) La iniciativa original llegó a la Cámara de la mano de Ezker Anitza-IU. Esta formación acordó un texto conjunto con socialistas y EA. El texto rechazado emplazaba al Gobierno central a revisar el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos, así como a eliminar la exención del pago del IBI a las Iglesia y a otras confesiones. Asimismo, entre otras medidas, pedía la eliminación de la asignación tributaria de la Iglesia en el IRPF.
Sorprendentemente, e ignorando el papel fundamental que está llevando la Iglesia a través de su labor social, el portavoz de Ezker-Anitza-IU, Mikel Arana, consideró que “la Iglesia debe participar en el esfuerzo colectivo para superar la crisis”, al tiempo que indicó que “no es fácil entender el encaje de acuerdos” como el existente entre el Estado y la Santa Sede “en un sistema democrático y teóricamente laico”. Joana Madrigal (PSE) justificó que los socialistas no modificasen el citado acuerdo cuando estaban en el Gobierno porque carecía de “la mayoría suficiente para modificar la ley”.
Desde el PNV, Ricardo Gatzagaetxeberria se mostró partidario de mantener los acuerdos actuales que salieron adelante con “un amplio consenso”. El popular Antón Danborenea acusó a los socialistas de hacer “demagogia barata” y rechazó “entrar en el juego de descalificar gratuitamente a la Iglesia”.
Mikel Basabe (expulsado de Aralar) se mostró a favor de que la Iglesia pague el IBI , mientras que Juanjo Agirrezabala (EA) dijo que dar “trato de favor a las confesiones religiosas no se corresponde con un Estado laico”. Gorka Maneiro (UPyD) defendió la necesidad de avanzar en “la laicidad del Estado y en la autofinanciación de la Iglesia”.