(LifeSiteNews/InfoCatólica) La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, firmó esta semana la ley HF 2788, que restablece la obligatoriedad de que las mujeres sean examinadas en persona por un médico antes de recibir los fármacos del aborto químico. La norma pone fin a la distribución postal sin control médico que se disparó tras la decisión unilateral de la administración Biden de eliminar las salvaguardas federales que regían la distribución de estos fármacos mortales.
El aborto químico, el gran azote de los no nacidos
El aborto mediante fármacos representa actualmente en torno al 66% de todos los abortos que se producen en Estados Unidos, una proporción que no ha dejado de crecer desde que los controles federales fueron desmantelados y los medicamentos comenzaron a llegar por correo a cualquier domicilio. La ley de Iowa impone también al médico la obligación de informar a la mujer sobre las consecuencias del aborto para el bebé que lleva en su seno. Cabe recordar que los fármacos abortivos son siempre peligrosos, ya que están diseñados para acabar con la vida de un ser humano inocente; al menos una de cada diez mujeres sufre además efectos adversos documentados por su uso.
Una victoria incompleta
Iowa Right to Life celebró la nueva ley en un comunicado en el que afirmó que «Iowa dio otro paso importante hacia la protección de la mujer, los niños no nacidos y los derechos parentales». Sin embargo, la norma no cierra por completo la puerta al aborto: el estado mantiene en vigor su ley del latido, que permite el aborto hasta las seis semanas de gestación. Dado que los fármacos abortivos pueden usarse hasta las diez semanas y que el estado no penaliza a las mujeres que interrumpen su propio embarazo, nada impide que una mujer recoja los fármacos a las seis semanas y los utilice posteriormente o los ceda a otras personas.
Más leyes en defensa de los más vulnerables
Junto a la norma sobre el aborto químico, la gobernadora Reynolds firmó también una ley que elimina la posibilidad de vacunar en secreto a menores sin el consentimiento de sus padres, igualando el tratamiento de las vacunas contra el VPH y la hepatitis B con el del resto de medicamentos. La Sociedad Americana del Cáncer criticó la medida, pero los defensores de los derechos parentales la acogieron como una victoria frente a la sustitución del criterio de los padres por el del Estado en la crianza de sus hijos. Igualmente, Reynolds promulgó una ley que establece protecciones de conciencia para los profesionales sanitarios que se nieguen a participar en procedimientos contrarios a sus convicciones morales o religiosas.
