(Vatican News/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal de Honduras manifestó su «profunda tristeza e indignación» tras la masacre ocurrida el jueves en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, norte del país, donde veinte campesinos fueron asesinados a tiros por hombres armados vinculados al crimen organizado mientras se encontraban en el interior de una iglesia, a la espera de iniciar la jornada laboral en las plantaciones de palma africana.
Veinte víctimas, uno de nueve años
El balance actualizado —proporcionado por el portavoz de la Fiscalía Nacional, Yuri Mora— asciende a veinte personas: quince hombres, tres mujeres y dos menores de edad, uno de ellos de tan solo nueve años. Todos eran jornaleros que trabajaban en la cosecha de aceite de palma. El funcionario calificó la masacre de «uno de los mayores episodios de violencia» registrados en los últimos años en el departamento de Colón. Un padre de familia, Armando Suchite, perdió en el ataque a dos de sus hijos, de 23 y 25 años, a quienes sepultó en el cementerio de la propia aldea junto con la mayoría de las víctimas. «Estamos aterrorizados porque la violencia en Colón se ha vuelto muy peligrosa», declaró. Otro habitante confirmó que la gente del lugar «vive con miedo»: «Esa palma parece maldita; nos ha traído muchas tragedias. Hemos perdido a muchos amigos y familiares a causa de la disputa territorial».
La Iglesia condena: «Ninguna vida es sacrificable»
Los obispos hondureños recordaron que «cada víctima es una persona creada a imagen y semejanza de Dios», rechazaron «de manera absoluta este y otros actos similares» y subrayaron que la sociedad debe unirse para que se instaure en el país «su reino de justicia, verdad y paz». El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), a través de su presidente, el cardenal Jaime Spengler, y de su secretario general, el obispo Lizardo Estrada Herrera, se sumó a la condena: «Ninguna vida es sacrificable». El CELAM denunció que la violencia «hiere el tejido de nuestras comunidades y oscurece el sueño de fraternidad» e hizo un llamamiento a promover caminos de reconciliación, justicia y paz. «La vida de los pobres, de los trabajadores y de aquellos que habitan y defienden sus territorios, de los niños, de los jóvenes y de los ancianos, no puede estar colgada del hilo de la indiferencia, la impunidad o la exclusión», declaró el organismo eclesial, en referencia a su campaña «La vida está colgada de un hilo».
Una zona martirizada por la impunidad
La red Iglesias y Minería elevó también su voz de condena, señalando que la región del Bajo Aguán, donde se produjo la masacre, «se ha transformado en una zona de muerte para aquellos que defienden el derecho a la tierra y al territorio». La red recordó que entre las víctimas anteriores de esta violencia estructural se cuenta Juan Antonio López, defensor del medio ambiente, delegado de la Palabra de Dios y miembro fundador de la pastoral de la ecología integral en Honduras, asesinado en Tocoa en septiembre de 2024. Según la red, «las continuas muertes en esta zona martirizada evidencian una problemática que tiene raíces estructurales que generan pobreza, desigualdad, violencia, impunidad y ausencia o complicidad del Estado». Instaron a las autoridades a regularizar los títulos agrarios en el marco de la reforma agraria y a desmantelar las redes criminales. En los últimos cincuenta años, más de doscientas personas han muerto violentamente en el marco de estas disputas territoriales, sin que ningún gobierno haya logrado —o querido— resolver el problema de fondo. La organización recordó las palabras del Papa León XIV: «El espíritu de Dios es capaz de transformar el desierto árido y seco en un jardín, lugar de descanso y serenidad».
