Muchas personas manifestarían una inocencia digna de otra causa si creyeran que lo que ha pasado no podía pasar. Estarían, además, en la inopia o, mejor, en Babia.

La asociación civil HazteOir informaba, el pasado día 13 de algo que, no por poco extraño, resulta preocupante por el partido tomado por los sindicatos, digamos, mayoritarios (dentro de la poca representación que tienen) UGT y CCOO.

En varias Comunidades Autónomas los sindicatos citados se han comportado como verdaderos hombres de la porra del Gobierno de Rodríguez Zapatero, obligador mayor del Reino de España con la asignatura más adoctrinadora que haya habido en nuestra nación: Educación para la Ciudadanía, ejemplo palpable de una sociedad que se prefiere, por el poder, adormilada y aborregada porque siempre es más fácil de dominar y controlar.

Por tanto, no debería ser novedad lo hecho por los Méndez y Fidalgo de turno en aquellos lugares donde el sistema partidista les deja hacer teniendo en cuenta que su verdadero poder entre los trabajadores es equivalente a poco o nada y que el mismo depende, más que nada, de las dádivas del Estado ahora en mano de “uno de los nuestros”.

Pero, para esto están las leyes y los reglamentos que, aquí, deberían aplicarse.

Cuando de las órdenes emanadas, por ejemplo, en Murcia, desde la misma, Federación de Enseñanza de CCOO se deduce una clara intención de violar derechos de los padres de los alumnos y de los mismos alumnos, nada sería mejor que viniera en aplicación, por ejemplo, el Código Penal, que, en su artículo 542 indica que “incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes“.

Por tanto, aquí parece que concurren los sujetos activos de tal incumplimiento y los sujetos pasivos del mismo (sindicatos y padres con sus respectivos hijos objetores, respectivamente)

Aunque, seguramente, nada ha de pasar porque si ha de ser el Ministerio de Educación el que inicie algún tipo de expediente contra los sindicatos, por ejemplo, UGT y CCOO, en tanto en cuanto procuran que el derecho a la objeción de conciencia no pueda llevarse a cabo estamos bastante apañados.

Y esto último no es por casualidad ni es mala intención pensada por el que esto escribe. Se trata de una cuestión de interdependencia. Vamos, que dependen los unos de otros para que las diversas tropelías en las que incurren, queden, simplemente, impunes.

Y a las pruebas me remito.

Dicen en Profesionales por la ética que los citados sindicatos, reciben sustanciosas subvenciones del Ministerio de Educación (desde 2004 hasta 2007 han recibido 727.157,00 € (CCOO) y 900.085,00 € (UGT))

Pero claro, la defensa, a ultranza, de Educación para la Ciudadanía es, sobre todo, una casualidad.

Pero una casualidad monetaria a ideológica; por interés y bien pagada, tanto una como otra.

Y es que eso pasa cuando, como he dicho antes, gobierna “uno de los nuestros”. O, como diría Vito Corleone, “la familia…”