Trump y la libertad religiosa: ¿vaso medio lleno o medio vacío?

No cabe duda de que los ataques demócratas a la religión fueron un factor de peso en la victoria de Trump. La actitud de Obama, especialmente el llamado “mandato contraceptivo", que obliga a las instituciones católicas a contratar seguros que incluyan esterilización y abortivos para sus empleados, fue una agresión gratuita que acabó con las Hermanitas de los Pobres en el Tribunal Supremo y muchísimos creyentes seriamente preocupados. Las declaraciones de Hillary en el sentido de que había que utilizar el poder coercitivo del Estado para modificar las creencias religiosas caducas (según ella) convirtieron la preocupación en alerta. Cuando te atacan así es lógico que apuestes por cualquiera que diga que va a respetar tus creencias. Y ese fue Donald Trump.

El entonces candidato republicano prometió proteger la libertad religiosa de los estadounidenses y corregir las violaciones de la misma que habían tenido lugar durante la era Obama. Y contra todo pronóstico, ganó. Ahora ha cumplido su promesa con una orden ejecutiva en defensa de la libertad religiosa. Las Hermanitas de los Pobres ya pueden respirar tranquilas… o al menos eso es lo que hemos leído.

Y sin embargo, la realidad es algo más compleja.

¿En qué consiste exactamente la orden ejecutiva? En una declaración general sobre la importancia de la libertad religiosa, proclamando que el gobierno “respetará y hará cumplir” las leyes existentes a este respecto y ordenando al Departamento de Justicia que elabore unas guías para interpretar en ese sentido las leyes, así como una directiva para que la administración “considere enmiendas a las regulaciones que afectan a objeciones de conciencia” al mandato contraceptivo. Ah! y una instrucción al Departamento del Tesoro para que aplique con laxitud (lenient, es el término empleado) la enmienda Johnson, una ley que limita las actividades de las organizaciones que disfrutan de exenciones fiscales, como las religiosas, y que básicamente les impide hacer campaña por un candidato concreto desde el púlpito.

No está mal; desde luego es mucho mejor de lo que podría esperarse de una administración demócrata,… pero tampoco es para echar cohetes.

La declaración genérica de respeto hacia la libertad religiosa reitera lo que se supone que es la doctrina vigente. Lo de corregir el mandato contraceptivo es en realidad el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba al gobierno federal a buscar un acomodo en esta cuestión. En cuanto a lo de la enmienda Johnson, dejando de lado que hace años que nadie la aplica, lo que se requeriría es una nueva ley, no una orden de hacer como si no existiera.

En realidad lo que se necesitaba era la primera versión de la orden ejecutiva, que se filtró el pasado mes de febrero, mucho más clara y que incluía medidas concretas para asegurar que las personas y organizaciones podrían mantener su misión e identidad sin perjuicio alguno. Una orden que sí cumplía lo prometido en campaña, pero que fue finalmente sustituida por otra, mucho más rebajada. Robert P. George, el reputado profesor de Yale, lo tiene claro; según publicó en su cuenta de facebook, “la orden ejecutiva de libertad religiosa es un despropósito. No hay protecciones sustantivas para la conciencia. Una traición. Ivanka y Jared (hija y yerno de Trump) han ganado. Nosotros hemos perdido.”

¿Y ahora qué? ¿Cuál va a ser el siguiente paso de quienes promueven una defensa más sólida de la libertad religiosa? Tras la decepcionante orden ejecutiva de Trump, parece probable que el campo de batalla se traslade al Congreso, donde se pueden discutir tres iniciativas. La Enmienda Russell, que protegería a las organizaciones a la hora de tomar decisiones sobre sus empleados en aras al mantenimiento de su misión e identidad, la Ley de protección de conciencia, que protegería a las entidades sanitarias que rechazan cubrir abortos (con implicaciones directas para los estados de California y Nueva York, donde todos los seguros sanitarios están obligados a incluir el aborto), y la Ley de defensa de la primera enmienda, que evitaría que las agencias federales discriminen contra individuos o instituciones por seguir sus convicciones sobre el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Trump prometió firmar tanto la Ley de protección de conciencia como la Ley de defensa de la primera enmienda. Ahora es el turno de los republicanos en el Congreso de sacar adelante ambas leyes y verificar si Trump va a cumplir con este compromiso.