(Efe/InfoCatólica) La iniciativa legislativa pretende regular el procedimiento para que los profesionales “directamente implicados” en un aborto se puedan declarar objetores o mostrar su “disponibilidad”, así como la revocación de ambas declaraciones. Para ello, se crea y regula un registro “voluntario y confidencial”, que dependería directamente de la gerencia del Servicio Navarro de Salud.
Según señaló en conferencia de prensa la portavoz de la ejecutiva del PSN, María Chivite, la proposición quiere además que los profesionales especifiquen en qué supuestos de los recogidos en la ley orgánica de “interrupción del embarazo” se declaran objetores o disponibles. La declaración que se hará por escrito dirigido a la persona titular de la dirección del lugar donde se preste servicio, se deberá presentar al menos 7 días antes de la intervención, para que se puedan ordenar así los recursos sanitarios públicos.
No permitirán la “insumisión” a la ley del aborto
“Con esta proposición de ley se recoge tanto el derecho efectivo de la mujer a la prestación sanitaria como el respeto a los profesionales”, afirmó Chivite, quien advirtió que su partido “no va a permitir que el Gobierno de UPN se declare insumiso a la ley”. Entre las otras iniciativas en el Parlamento, el PSN ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para conocer qué “consecuencias jurídicas” tendrìa para el Gobierno de Navarra incumplir la legislación.
Tras subrayar que un Gobierno que no cumple la ley “ha perdido toda legitimidad y no puede exigir a los ciudadanos que cumplan las normas”, la portavoz socialista ha aseguró que “UPN quiere continuar con una situación absurda e injusta y cargada de hipocresía”, mientras que el PSN “quiere soluciones” y “derechos”.
Comparecencia de la consejera de Salud
Asimismo, el PSN ha pedido la comparecencia de la consejera de Salud, María Kutz, para que informe de los motivos por los que al parecer se ha concertado con varias clínicas de otra comunidad autónoma la realización de los abortos, porque a su juicio ello demostraría “una intención manifiesta de incumplimiento” de la ley.
El grupo socialista ha solicitado también a Kutz una información “detallada” de las personas que componen el Comité Clínico previsto en la ley orgánica del aborto, del contenido del “sobre” con información que debe entregarse a las mujeres que solicitan que se les practique el aborto antes de que estas presten su consentimiento, así como de los convenios entre el Servicio Navarro de Salud y distintos centros para la práctica de abortos, en concreto con la clínica Askabide de San Sebastián.
