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(InfoCatólica) En el debate sobre la reforma del aborto está pasando desapercibido el hecho de que la nueva ley incorpora una serie de medidas que afectarán a  la educación sexual en los colegios e institutos de España. Para informar a la opinión pública sobre la cuestión, Profesionales por la Ética ha elaborado el "Informe La educación sexual que viene. El capítulo educativo en el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en el que analiza cómo y quién va a impartir estos contenidos".

PpE explica que la futura ley "parte del supuesto de que una educación sexual adecuada, la mejora del acceso a métodos anticonceptivos y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos". Es por ello que "el proyecto normativo incorpora a su articulado (Título I, capítulo III, artículos 9 y 10), una serie de medidas que se adoptarán en el ámbito educativo y que se proponen incorporar la formación sexual y reproductiva al sistema educativo desde un enfoque integral" en el que se incluirá la información sobre los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Educación sexual obligatoria, también para los colegios religiosos

Hasta el curso 2007-2008, explica el informe, "la educación sexual podía incluirse dentro de los conocidos como temas transversales de educación en valores, concretamente en el denominado `educación para la salud´. Sin embargo, al tratarse de temas transversales no obligatorios, los centros educativos y los profesores tenían un amplio margen de decisión sobre los temas que debían abordarse en educación para la salud".

Sin embargo, recuerdan desde PpE, "el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha confirmado a los medios de comunicación que el Ministerio de Sanidad está elaborando una normativa legal que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos. La formación en esta materia no la proporcionarán los profesores del centro sino personal sanitario externo designado por la Administración, especialmente farmacéuticos y enfermeros pero también psicólogos, sexólogos y todos aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar. De esta manera, no cabrá que los centros educativos apelena su ideario para oponerse ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública."

El informe de Profesionales por la Ética recuerda que "las sentencias de febrero de 2009 del Tribunal Supremo en materia de derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía exigían a las Administraciones educativas que no impusieran criterios en asuntos sobre los que no existiera un consenso social o fueran cuestiones morales controvertidas", siendo obvio que "en el campo de la educación sexual y reproductiva no existe un consenso social".

Desde PpE se asegura que "de esta manera el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia" y por tanto, "los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si fueran, sería absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio."