(Marisol Hernández/El Mundo) Los populares han propuesto una modificación de la llamada ley Aído -que permite abortar hasta la semana 14 de gestación-, pero sólo para imponer el permiso paterno a las chicas de 16 y 17 años. En febrero, el presidente del Gobierno recibió en La Moncloa una carta firmada por 12 parlamentarios -siete diputados y cinco senadores- en la que le advertían de que no votarían este cambio porque hacerlo, argumentaban, supondría avalar la ley vigente, que el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Recaban el apoyo del cardenal Blázquez
A partir de ese momento, desde el PP se iniciaron conversaciones con ellos para forzar un cambio de opinión. Primero, fueron contactos aislados, en los que se les avanzó que la dirección del grupo pensaba hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, para recabar su apoyo. Unas semanas después se convocó a todo el grupo, a instancias de Rajoy, a una reunión con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
El pasado lunes se produjo una nueva cita. Esta vez únicamente entre los diputados y el portavoz del PP, Rafael Hernando. En ella, según fuentes populares, entre los argumentos esgrimidos para que apoyen la reforma se aludió al respaldo de la Iglesia. Curiosamente, el día de Viernes Santo, en una entrevista en RNE, Blázquez dijo estar de acuerdo con el cambio de la ley para obligar a las menores de 18 años a pedir autorización a sus padres. Este aval fue recordado el lunes en la reunión.
En este encuentro, según las mismas fuentes, Hernando abrió la puerta a retocar el texto para introducir elementos que puedan satisfacer a los parlamentarios provida y conseguir así que voten a favor. El cambio sugerido por la dirección del grupo es eliminar de la ley el reconocimiento de que el aborto es un derecho. El PP está decidido a hacer esta modificación si así logra que no haya fugas de voto.
El punto 2 del artículo 3 de la actual ley contempla «el derecho a la maternidad libremente decidida» y a que las personas adopten libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Ahora sería necesaria una nueva reformulación de este punto.
Pero ni siquiera este cambio garantiza en estos momentos el respaldo de los diputados provida. El PP no tiene cerrado que cumplirán con la disciplina de grupo, a la espera de los últimos contactos antes de que el martes se vote la toma en consideración.
Serán sancionados si votan en contra
Para presionarles, ya se les ha advertido, según fuentes populares, de que serán sancionados si no votan en consonancia con el resto de sus compañeros. El portavoz popular les confirmó en el encuentro del lunes que no habrá libertad de voto, a pesar de que ésta era una de las salidas a este conflicto. Hernando sí pidió al PSOE que dejara a sus diputados votar en conciencia cuando en febrero anunció la reforma.
Ahora el PP se afana en conseguir que todos sus parlamentarios voten a bloque. No contempla otro escenario. Si no, se iría al traste su objetivo de vender el cambio como un guiño a su electorado más tradicional, tras renunciar a redactar una ley propia por falta de consenso en torno a la propuesta que planteó el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
