(C-Fam/InfoCatólica) A Girard le interesa particularmente el acceso a los «servicios SDSR» tales como la anticoncepción, la esterilización, la educación sexual «integral» para los adolescentes, el aborto legal, el reconocimiento de los «derechos sexuales» y protecciones especiales en base a la orientación sexual y a la identidad de género.
«Los partidarios deliberaron si el momento era oportuno», escribe Girard. «Lo que inclinó la balanza fueron los debates venideros sobre la próxima agenda de desarrollo, [...] Permanecer en el lugar mientras todas las otras agendas avanzan equivaldría a atrincherarse».
La ONU enfrenta dos importantes hitos: el vigésimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), – reunión en El Cairo donde los proabortistas hicieron campaña en vano para establecer el derecho internacional al aborto– y el establecimiento de un conjunto de metas en reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que caducan en 2015.
El enfoque de Girard es doble: en primer lugar, ampliar la agenda de la CIPD para incluir los SDSR, que abarcan el aborto, y, en segundo, garantizar que los objetivos de desarrollo tomen en gran medida el esquema de la CIPD, a diferencia de los ODM, que se centraron en metas tangibles como la reducción de la mortalidad materna.
Girard toma nota de múltiples obstáculos importantes para la agenda SDSR: un «ambiente multilateral cada vez más difícil» en la ONU de Nueva York, disputas entre las naciones del Norte y del Sur en cuanto al comercio, el clima y las finanzas, el deterioro de la influencia del gobierno de Obama y la falta de consenso de la Unión Europea en cuestiones como la salud sexual y reproductiva y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
«La Asamblea General de la ONU sigue siendo un espacio difícil para la negociación de estos asuntos», admite Girard. Recordando la derrota del lenguaje de los derechos reproductivos en la conferencia Río+20 de 2012, escribe que todos los temas se someten a discusión en estas negociaciones, «haciendo que sean altas las probabilidades de pros y contras».
En el último año, los defensores del aborto trabajaron duramente para conseguir a nivel regional lo que no pudieron lograr en negociaciones mundiales mediante una serie de conferencias auspiciadas por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) para evaluar el avance del programa de la CIPD.
Gran parte del artículo de Girard se centra en estas reuniones regionales y dice cuáles fueron más o menos exitosas en la promoción de su agenda. En la región europea, Rusia negoció a puertas cerradas que se suprimiera del documento la orientación sexual, lo cual dio lugar a que Girard concluyera que «las negociaciones abiertas, si bien constituyen un reto» son un lugar de encuentro preferible para promover la agenda SDSR.
En la reunión regional de África, Girard manifestó su frustración por el hecho de que la participación de ONG en las negociaciones era limitada y de que las militantes feministas no lograron pasar a formar parte de las delegaciones gubernamentales (estrategia a la que la ex directora del UNFPA, Nafis Sadik, atribuyó gran parte de su éxito en 1994, en la CIPD).
Como la Asamblea General se reunirá en septiembre, Girard y otros defensores del aborto tienen la esperanza de poder usar los resultados regionales para promover su causa, pese a la «fatiga negociadora» entre los diplomáticos europeos en cuanto a las cuestiones SDSR y la presencia de miembros del personal del Secretario General de la ONU que parecen «muy susceptibles a la presión de estados miembros y fuerzas conservadores».
Aunque la mayor atención en la ONU se presta a las negociaciones de los estados miembros, no puede ignorarse el papel de los actores detrás del telón. Girard termina recordando cómo mediante una maniobra burocrática se añadió más tarde un ODM extra sobre el «acceso universal a la salud reproductiva», pese a que se creía que la esquema de los ODM no podía reabrirse.
