Los servicios sociales de Madrid, instrumento proabortista

«Tuve que mentir y decir que quería abortar para que me hicieran la tarjeta sanitaria»

«Cuando dije que no quería la tarjeta sanitaria para abortar sino para seguir adelante con mi embarazo, me pusieron muchas pegas y al principio no querían dármela». Así lo asegura una joven mujer residente en Madrid que esta emana testificará ante la Justicia para apoyar la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto contra una conocida clínica de abortos madrileña. En declaraciones al diario La Razón, la joven explica las presiones de los servicios sociales para que abortara incluso fuera del plazo marcado por la actual ley.

(B.V. Conquero/La Razón) No le queda nada, de esta semana no pasa que dé a luz a su segundo hijo. Pero los últimos nueve meses no han sido un camino de rosas para Andrea –nombre ficticio con el que prefiere aparecer la joven–. Esta semana testifica ante la Justicia para poner voz a la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto contra una conocida clínica de abortos madrileña donde, como explica Andrea, «me ofrecieron abortar por 20 euros», cuando el precio establecido oscila entre los 380 y los 440 euros dependiendo de si necesitan utilizar anestesia local o general. Su historia demuestra que abortar también puede ser un negocio porque este precio se lo ofrecieron tras insistirle con llamadas telefónicas en que el aborto era su mejor solución. Pero Andrea no quiso, «me di cuenta de que quería tener el bebé». Además, la decisión de ir a la clínica a practicarse un aborto la había tomado al margen de su esposo porque «él es muy creyente y hasta ahora no le había dicho que había pensado en detener el embarazo».

Ya tiene un hijo

Aunque sólo tiene 23 años, no es madre primeriza. Vive en una zona humilde de Madrid con su esposo y su hijo. Hace algo más de un año, al igual que otros cerca de seis millones de españoles, ella y su marido perdieron su empleo. Unos meses más tarde, al acudir al centro de salud de su localidad le confirmaron su sospecha: estaba embarazada. Tras contarle la difícil situación económica por la que atravesaba su familia a la trabajadora social del centro, ésta «me dijo que lo mejor que podía hacer era abortar y me envió a la clínica». Antes de entrar a la clínica un grupo de jóvenes se le acercaron para ofrecerle ayuda para continuar con la gestación, pero ella no quiso escucharles y entró sin mirar. Dentro la atendió una trabajadora social y, como no sabía exactamente de cuántas semanas estaba embarazada le hicieron una ecografía –la incluye en su denuncia–. En ella, como ha podido comprobar LA RAZÓN, aparece la estimación de la edad del feto conforme a la última menstruación. Indica 14 semanas y alrededor de nueve días. Es decir, como sostiene la demanda, «se incumple o vulnera el requisito de poder abortar sin justificación legal cuando la embarazada se encuentra entre las 14 y las 22 semanas».

Abortar fuera del plazo

Andrea ya estaba fuera de plazo cuando acudió a la clínica, sin embargo, «me confirmaron que podían practicarme el aborto sin problemas». Los motivos que contempla la actual Ley del Aborto por los que una mujer puede abortar pasado este plazo de aborto libre es que exista riesgo para la vida de la madre o para su salud, así como una malformación grave del feto. Ambos casos deben ir acompañados de un informe médico dependiendo de si se acoge a uno u otro caso. En el caso de la denunciante, no existe ninguno de los dos.

Antes de salir, la trabajadora social, como relata la joven, le dio su número de móvil directo y le indicó cuál era el siguiente paso a seguir. Debía acudir a un centro de la Seguridad Social para que le hicieran la tarjeta sanitaria que se le otorga a cualquier mujer embarazada para que pueda acudir a un ginecólogo para que controle el proceso. A pesar de todo, Andrea asegura que «cuando dije que no quería la tarjeta para abortar sino para seguir adelante con mi embarazo, me pusieron muchas pegas y al principio no querían dármela». Y es que tras salir de la clínica de abortos, Andrea volvió a toparse con los jóvenes que, a unos metros de la entrada, ofrecían información y «me insistían en que me ayudarían». Le pidieron su teléfono móvil y «se lo di». A los dos días recibió una llamada de la Fundación Más Futuro, una ONG que trabaja con mujeres embarazadas con problemas económicos. «Las ayudamos a buscar trabajo y les damos lo necesario para que puedan ocuparse de su futuro hijo», asegura una de sus portavoces. La llamada le dio esperanza y decidió reunirse con ellas antes de tomar una decisión definitiva. Tras el encuentro, «supe que no quería abortar, que quería seguir adelante con el embarazo. Quería volver a ser madre».

Presiones para que cambie de decisión y aborte

Feliz y esperanzada por su decisión, le contó a su marido su estado y «se alegró mucho. Me dijo que nos las arreglaríamos y que saldríamos adelante». No pensaba volver a la clínica. Es más, ni siquiera les había llamado para transmitirles su decisión, pero no tuvo que hacerlo ya que la misma trabajadora social que la había atendido unos días antes comenzó a llamarla. «De repente, no dejaba de llamarme para decirme que me estaba equivocando y que todavía estaba a tiempo de interrumpir mi embarazo». Se ponía en contacto con ella casi todas las semanas para recordarle que aún puede abortar, aunque ella rehusa acudir a la clínica en cada llamada. Es más, la insistencia de empleada de la clínica perdura en el tiempo, como recoge la denuncia: «La última llamada se produce cuando está embarazada de 22 semanas». Es en este último contacto cuando le dan el nuevo precio y le rebajan más de 360 euros el precio de la intervención: «Le comenta que se le puede practicar el aborto por 20 euros», reza la demanda. A pesar de querer continuar con su embarazo no es hasta la semana 23 cuando consigue que le hagan la tarjeta: «Tuve que mentir y decir que quería abortar para que me la hicieran porque la trabajadora social de mi centro de salud tampoco me quiso ayudar».

 

17 comentarios

Galsuinda
De juzgado de guardia
11/02/14 10:51 AM
Manuel Morillo
En esta historia conviene recordar algo que nunca hará La Razón:

El Centro de Salud y la trabajadora social, los incitadores al aborto, dependen de la Consejeria de Salud de la Comunidad de Madrid, y responden a sus políticas y control desde hace varias décadas, en las que ha consolidado el abortismo

El abortorio depende de las inspecciones y del control de la Comunidad de Madrid (de los que también reciben el pago de más de la mitad de los abortos que realizan) y se puede permitir saltarse la ley porque sabe que esa inspección es cómplice (el aborto no se ha realizado gracias a las organizaciones provida y el acto ilegal se ha denunciado por una organización privada, no por la inspección de la CAM)
11/02/14 12:03 PM
Llanos de Alba
¡Qué fuerte! A lo que hemos llegado
11/02/14 12:11 PM
Carmen
Los Servicios Sociales están totalmente deshumanizados, trabajan con "problemas", no con personas, para ellos ese niño va ha ser un problema, así que se elimina el "problema" y asunto resuelto. Esta es la mentalidad imperante.
11/02/14 1:05 PM
tito livio
Esto es el Pp.
11/02/14 2:08 PM
Mavi
El PP quiere seguir teniendo las manos manchadas de sangre inocente y necesita sus votos
11/02/14 3:23 PM
JUAN MARTÍN RODRÍGUEZ
En derecho penal un delito es más penado cuando se comete con premeditación, alevosía y ventaja. Son agravantes.
¡Qué más agravantes contra un ser que no se puede defender!
11/02/14 4:46 PM
Amador
Da puro asco esa historia. Pero tenemos que recordar que todos los partidos con representación parlamentaria (si no me equivoco) por acción u omisión (gravísima) tienen las manos manchadas de sangre. Con relación al PP, aunque en su día votaron en contra?, no lucharon decididamente para erradicarlo, ni con Aznar y ahora con Rajoy me temo que tampoco.
11/02/14 5:12 PM
Hernán Geisse
Dios nuestro. Perdónalos por que realmente no saben lo que hacen.
11/02/14 5:57 PM
Petrus
Pues no me lo creo.
¡Fuentes fidedignas plis! que ya os parecéis a otra que se inventa las noticias.
11/02/14 8:32 PM
María Isabel
¡¡WWOOWW!!!, no sé si sea emigrante o de ascendencia gitana o pura española, pero es admirable el modo en como se metió en la boca de lobo y salió,algo imprudente...lo admito, pero valiente y arriesgado hasta para el bebé.
11/02/14 8:34 PM
Covadonga
El PP es precisamente quien más defiende al no nacido y buen trabajo le está costando a Gallardon, sacar la ley adelante. Precisamente hoy en el Congreso se ha votado secretamente la ley y gano elPP por una pequeña diferencia. Menos mal que paráremos un poco esta matanza de inocentes...ñ
12/02/14 2:08 AM
Merce de caballero
Bendigo .a esta joven por tomar tan sabia desicion de proteger la vida de su bebe .es degradante el saber de estos centros que se dedican a violar el derecho a la vida ,son unos asesinos ,no tienen temor a Dios nuestro Padre y creador. Si tan solo pensaran que tuvieron unas madre s dignas de amar, bendecir y admirar ya que ellas dijeron si a la vida de sus hijos por eso están aquí vivitos ,pero que dolor les pueden causar si se enteran de los genocidios que están cometiendo.estas leyes que dicen cumplir solo les esta manchando sus manos de sangre de seres inocentes que no se pueden defender,también se aprovechan de madres que están pasando momentos de crisis emocional llevándolas a tomar Desiciones fatales (matar a su propio bebe) .estas instituciones tienen que desaparecer . Lo mismo la legislación que lo aprueba .
12/02/14 3:35 AM
hidaspes
Esto debe de ser el famoso "derecho a decidir", ¿verdad? Que ni existe tal derecho, y encima, en la práctica real lo plantean como deber cívico.
12/02/14 11:25 AM
hidaspes
Claro, Covadonga, ahora en vez de exterminar en masa a cinco mil por mes, se exterminará a "sólo" cuatro mil. ¡Un logro notable, sin duda!
Si en las instituciones españoles "quien más defiende a la vida" se limita a legislar para reducir las dimensiones de la matanza, ya nos vamos haciendo una idea clara de la crisis que padecemos.
12/02/14 11:27 AM
Horacio
Covadonga, no nos hagas reír. El PP defiende tanto al no nacido que va a permitir que se aborte hasta la semana 22 bajo la "excusa" de la salud psicológica de la madre. ¿Qué defensa de la vida es esa?
Con la ley que había antes de la de Aído, solo se podía abortar hasta la semana 12 por esa causa.
12/02/14 11:32 AM
Teresa
Covadonga, ¿sabes quién gobierna en Madrid?

El PP.

¿sabes de quién dependen los servicios sociales de Madrid que casi fuerzan a esa mujer a abortar?

Del PP.

Así que vete a tomar el pelo a otros.
12/02/14 11:35 AM

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