(PpE) Esta guía, como le llaman sus autores, busca obligar a los Estados miembros a promover activamente la homosexualidad a la par que cercena derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad de pensamiento al impedir otras concepciones diferentes de la sexualidad.
Estos principios no son vinculantes mientras no se acepten y negocien con los estados miembros. Esta era la situación que se dirimía en la última votación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y que se solventó con una mayoría de representantes en contra de aplicar nuevos derechos humanos en favor de un grupo minoritario que implica conculcar derechos humanos primordiales y universales.
Leonor Tamayo, responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética explica que «la implantación de los principios de Yogyakarta no sólo cercena ámbitos fundamentales para libertad como son la libertad religiosa y de expresión sino que crea una casta privilegiada y una forma prioritaria de concepción de la sexualidad a la que se beneficia en detrimento de otras a través de políticas de fomento de este colectivo».
«En el caso de la educación- continua Tamayo.- es evidente que supone un apoyo fundamental a políticas educativas de temas sexuales y ético-morales que priorizan e incentivan la ideología de género y la homosexualidad contra el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus concepciones. Sin duda hubiera sido un duro golpe para la lucha en favor de la libertad que los padres europeos tenemos entablada contra el totalitarismo educativo y la imposición mediante la enseñanza de valores controvertidos. Por ello consideramos esta votación de la OSCE una victoria para la libertad de todos los ciudadanos europeos».
