Sobre una mujer que quería abortar
Veintisiete diputados de la oposición han denunciado penalmente al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, por divulgar información que, dicen, permitió suspender el primer aborto legal programado en la ciudad. Según los denunciantes, Macri habría hecho públicos datos privados que permitieron la actuación de la jueza que ayer ordenó suspender el aborto de una mujer de 32 años.
(Efe) «Macri divulgó información que debería haber sido íntima y reservada, y eso posibilitó que la jueza Rustán de Estrada diera lugar a la medida cautelar presentada por una ONG pro vida que provocó la suspensión del aborto», declaró hoy en rueda de prensa Emelia Alonso, de Nuevo Encuentro, una de las firmantes de la denuncia.
Para los 27 denunciantes, el alcalde infringió la normativa municipal y un artículo del Código Penal que impone multa y inhabilitación especial «de 6 meses a tres años» por desvelar un «secreto cuya divulgación pueda causar daño».
Según la diputada María Elena Naddeo, el alcalde reveló en una cena con empresarios datos sobre el primer aborto legal programado en un hospital de Buenos Aires, lo que permitió a grupos antiabortistas presentar un recurso que derivó en la suspensión de la intervención.
A juicio de la diputada Gabriela Cerruti, Macri «dio difusión a un caso que es privadísimo, un caso de violación, de trata y de decisión de una mujer de llevar adelante un aborto».
El caso ha desatado una intensa polémica entre grupos antiabortistas y organizaciones feministas, agravada por la decisión de Macri de vetar la despenalización del aborto aprobada la pasada semana por el parlamento porteño tras un trámite que se prolongó durante cinco años.
El Código Penal argentino permite los abortos en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, aunque el artículo suscita diferentes interpretaciones entre jueces y médicos.
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